Luego de un paro contundente los camioneros arreglaron
su paritaria en un escaso 25,5% en tres cuotas. El plan de lucha de los
camioneros, iniciado en la rama de transporte de caudales se extendió a la de
combustibles, con el paro con piquetes de huelga en 18 refinerías del país.
La respuesta del gobierno de Cristina Kirchner ha sido,
como con los petroleros, los docentes, etc., atacar abiertamente la huelga.
Cómo hizo también con el paro de los choferes de la línea 60 y en otras
huelgas, el gobierno envió a la gendarmería, con el objetivo de desalojar los
piquetes. Pero no sólo eso, en el Edificio Centinela (sede de la Gendarmería)
se reunían varios ministros del gabinete nacional (de interior, defensa,
seguridad, etc.) con la Gendarmería para “coordinar” la represión a la huelga,
la ocupación de las refinerías y el intento de sacar camiones manejados por
personal militar. El gobierno además amenazó con la aplicación de la Ley de
Abastecimiento (originalmente dirigida contra las patronales que acaparan mercaderías
y productos esenciales), y pidió a la justicia que le abra una causa judicial a
los Moyano (padre e hijo).
Esta situación es grave, porque estamos ante otro
intento de militarización abierta de una lucha obrera y de la persecución
judicial de sus dirigentes. El gobierno kirchnerista viene profundizando una
política represiva al servicio de los intereses de las patronales, y ¡son más
de 5000 los delegados y activistas obreros con procesos y causas judiciales!
El desarrollo de esta lucha está enmarcado políticamente
por la ruptura entre el moyanismo y el gobierno, y la disputa por la conducción
de la CGT. Moyano estando al frente de la CGT fue, durante largos años, un
sostén fundamental del gobierno de los Kirchner, a quienes les garantizó
incluso los topes salariales de paritarias anteriores y los bajos salarios para
la mayoría del movimiento obrero, mientras los empresarios se la “llevan en
pala”.
Sin embargo, los burócratas de la CGT-Moyano, ahora
enfrentados al gobierno, llaman a un paro y movilización a Plaza de Mayo para
el día miércoles 27 de junio, reclamando se suba el mínimo no imponible del
impuesto a las ganancias y que se pague el salario familiar a todos los
trabajadores. Es una cuestión elemental y justa: con la inflación incesante,
son cada vez más los trabajadores alcanzados por estas “retenciones” al
salario. ¡El impuesto a las ganancias para los trabajadores convencionados debe
ser directamente eliminado!
La CTA de Michelli ya había convocado a un paro con
movilización para ese día, por lo que, aunque no es seguro, es probable que
confluyan en una acción unitaria. Moyano y Micheli representan dos alas de la
burocracia sindical. No hay que confiar en ellos ni depositar ninguna
expectativa en que sean consecuentes con la lucha.
Sin embargo, la convocatoria a este paro general (el
primero que convoca la CGT desde el 2001), es la oportunidad de que todos los
trabajadores salgamos a luchar por nuestras reivindicaciones.
Es sabido que los dirigentes sindicales de la CGT (y
también la CTA) están divididos. No debemos dejar que las peleas por el sillón
de la CGT entre los burócratas, nos
impida salir a la lucha por lo que es justo e indispensable. ¡Hagamos
asambleas, y exijamos que se convoquen plenarios de delegados que voten la
adhesión al paro y a la movilización!
Pero para que el paro sea general, no debe levantar sólo
las reivindicaciones de los trabajadores en blanco y con mejores salarios, sino
que tenemos que incorporar en el programa de lucha las necesidades más
elementales del conjunto de los trabajadores afectados por los bajos salarios y
la inflación, el trabajo en negro, las suspensiones, despidos y los cierres de
empresas:
¡Salario mínimo acorde a la canasta familiar ($6600) y
30% de aumento salarial!
¡Pase a planta y blanqueo de todos los trabajadores en
negro, contratados y precarizados!
¡Contra los despidos, reparto de las horas de trabajo
sin reducción salarial en todas las fábricas que suspendan o despidan!
¡Estatización con administración obrera de toda fábrica
o empresa que cierre!
¡Cierre de causas y desprocesamiento de los activistas
obreros y populares enjuiciados por luchar!
¡Contra la militarización y la represión a las luchas
obreras y populares!
No podemos confiar en que Moyano y Micheli le den
continuidad a un plan de lucha hasta imponer estas reivindicaciones. La CTA
opositora (minoritaria en la clase obrera e incluso entre los trabajadores
estatales) no va más allá de movilizaciones “demostrativas” que son impotentes.
Moyano más de una vez ha declarado que si la presidente Cristina F. Kirchner
“abandona su soberbia”, la CGT está dispuesta al diálogo, lo que significa que
si el gobierno le respeta sus prebendas, Moyano está dispuesto abandonar la lucha
a cambio de algunas concesiones mínimas para los trabajadores. Pero además los
trabajadores tenemos que rechazar el intento de sectores patronales, como la
FAA o Carbap, para aprovechar el justo reclamo de los trabajadores para
fortalecer sus reclamos por intereses patronales. ¡Debemos repudiar su
participación en la movilización!
¡Los delegados y
activistas antiburocráticos debemos profundizar nuestra organización para
impulsar unitariamente la lucha! Ante el agravamiento de la situación económica
que plantea la perspectiva inminente de una nueva situación de la lucha de
clases, llamamos a las Comisiones Internas y Delegados enrolados en el Frente
de Izquierda (PO-PTS-IS) a que encabecen la convocatoria a un plenario unitario
y abierto de todos los delegados y activistas antiburocráticos, combativos y
clasistas.
Comité de Enlace - Corriente de Trabajadores / PRS