martes, 15 de mayo de 2012

Comité de Enlace nº 2

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Editorial

YPF no sera estatal, sino una sociedad anónima abierta al beneficio de otros capitales imperialista

Nacional 

Con el cambio de jefatura de la CGT: Cristina K quiere asegurarse la subordinación del movimiento obrero a  los interés pro-patronales de su gobierno  

Como defendernos de la "inseguridad"

Rosario: Tres posiciones en la movilización del 24 marzo

Carlos Fuentealba presente!

Movimiento Obrero

Paritarias UOM 

Importante lucha de los metalúrgicos de REXAM 

Lucha de la 60

Rosario: Por que no triunfamos los docentes

Internacional

Los Castros, el papa y la restauración capitalista 

Paros generales en Europa e India

Juventud

Universidad del Comahue - Vega: "ahora vamos por mas"


jueves, 3 de mayo de 2012

YPF no será estatal, sino una sociedad anónima abierta al beneficio de otros capitales imperialista


La expropiación parcial no es una medida de independencia nacional

Con la engañosa declaración de “recuperar la soberanía energética” para nuestro país, la presidente de la nación acaba de plantear  mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU),  la expropiación (pagada) del  51 % de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Pero, nada más lejos de la soberanía que esta expropiación. Si  “a nivel nacional YPF domina el 33,87 de la explotación petrolera  y que en el caso del gas interviene en el 23% del total general producido”,  ese 15 ó 16 % de la explotación general de hidrocarburos que representan el 51% de las acciones de YPF, no significan ninguna soberanía y menos si esa expropiación no contempla al resto de los accionistas, fundamentalmente al  casi 26% de las acciones del Grupo Petersen,  hoy deudores de YPF en un monto superior a los 2.900 millones de dólares.  Con la Ley de expropiación enviada al Congreso por CFK - y como ella misma reconoció en su discurso- YPF será una empresa de capitales mixtos, con  lo cual no deja de ser un modelo privatizador, con la ventaja para los empresarios de que las inversiones las banca el Estado Nacional, que cumplirá un rol auxiliar del capital privado.
De igual forma que nos opusimos a las privatizaciones menemistas rechazamos esta reedición atenuada de una política que sostiene en lo esencial la propiedad del petróleo en manos del capital imperialista con su modelo de “empresas mixtas” y señalamos ante los trabajadores la falsedad del Kirchnerismo en cuanto a su pretendida “recuperación de los hidrocarburos”. Al mismo tiempo repudiamos las represalias comerciales llevadas adelante por el gobierno español. En este sentido, señalamos la necesidad de que las organizaciones obreras del estado español adopten una postura “contra su propio imperialismo”.

Expropiación paga, parcial: “manotazo” a la caja
La decisión del gobierno nacional no responde ni por asomo a una política que se oriente en un sentido de avanzar hacia la independencia nacional. Estamos ante una medida impuesta obligadamente por la crisis del sector energético que pasó del autoabastecimiento a importar combustible por más de 10 mil millones de dólares anuales debido a la política de saqueo llevada adelante por Repsol con la complicidad del gobierno actual que sostuvo el modelo iniciado con la privatización menemista, apoyado por los Kirchner en los años 90.
Es necesario aclarar además, que esta ley no alcanza, sino que por el contrario les abre nuevos negocios, a las empresas nacionales y multinacionales que controlan prácticamente el otro 70% de la explotación petrolera del país, y es de destacar entre estas el caso de Panamerícan Energy (de Bulgheroni , de la British Petróleum y capitales chinos) que tienen concesionada,  por más de por 50 años, la explotación del yacimiento más importante del país: Cerro Dragón (Chubut) que provee el 14% del crudo nacional. Si a todo este cuadro, agregamos que la nueva YPF cotizará sus acciones en bolsa, es decir que el destino de la empresa será fijado por sus accionistas al mejor estilo de Petrobras -tal como lo declaró CFK-, queda claro que  las acciones que posea el Estado serán un nuevo botín para las multinacionales ligadas al gobierno. O sea, el Estado Nacional sigue manteniendo en la producción hidrocarburífera un lugar subordinado a los monopolios imperialistas.
Lógicamente que para el descomunal operativo demagógico que ha montado el gobierno en función de recuperar su deteriorada mística “nacional y popular”, la expropiación de las acciones debía realizarse sobre YPF, empresa testigo de la actividad, que además  de ser “la petrolera de bandera” -como le gusta decir a los K-, significa echar mano a su recaudación anual que este último año superó los 60 mil millones de pesos.
El gobierno además de la recaudación, con esta  expropiación, intenta  “matar” varios pájaros de un tiro. Trata de resolver un problema económico, el problema energético -tan reclamado en cada uno de los banquetes empresariales- garantizando el aprovisionamiento de combustible y energía en general a precios menores que los internacionales, para que las patronales puedan sostener  su “competitividad”.  Pero además, como decíamos en principio, recomponer su alicaída imagen, muy deteriorada después del “crimen” de Once, en el que intentó con su habitual duplicidad, aparecer como querellante y hoy es acusado de “complicidad criminal” por el fiscal federal. Con un vicepresidente golpeado por las denuncias  de tráfico de influencias. Por su manifiesta autoría en el montaje  represivo contra las luchas populares aprobando la ley antiterrorista y el deschave de su proyecto X, por su inacción ante las consecuencias del vendaval que azotó la provincia de Buenos Aires, Por el ataque de la presidente contra los trabajadores de la educación, etc., etc., más la persistente inflación del “modelo” que golpea cada vez más el poder adquisitivo de los hogares obreros. Un cúmulo de elementos que se expresaron muy claramente el 24 de marzo en la masividad de las columnas que marcharon en el 36 aniversario del golpe de Estado ante las disminuidas columnas kirchneristas.

¿Una idea salvadora?
Por ello la idea de la expropiación, que ya se analizaba con las provincias petroleras (recordemos que Sapag, el gobernador de la provincia de Neuquén, el  4 de marzo en la apertura de las Sesiones ordinarias de la Legislatura  sostuvo que  "Los hidrocarburos son una cuestión de Estado porque la matriz energética del país depende del gas y el petróleo" y reclamó “al Estado nacional que use los fondos de la Anses y del Bicentenario”, “para juntar los 26.000 millones de dólares necesarios para perforar los 1.000 pozos de petróleo y 1.200 de gas necesarios”), se transformó  en una salida que permitió al gobierno  dar una nueva vuelta de tuerca en su demagogia nacionalista, recomponiendo su imagen y de paso le sirve para ocultar su responsabilidad en el vaciamiento de las reservas petroleras del país operado en estos  últimos  años.

Una política cómplice del vaciamiento
¿Qué duda cabe, que la política energética del Kirchnerismo, al igual que la del transporte, de las comunicaciones, de aguas, etc.,  ha sido preservar e incluso sostener mediante multimillonarios subsidios,  las concesiones realizadas por el menemismo a las multinacionales? Política agravada  por la incorporación de empresarios amigos. Fue el propio Kirchner el  que impulsó como accionistas y gerenciadores, en nombre de la “argentinización”, a la familia Eskenazi  (Grupo Petersen), dueños del Banco de Santa Cruz y hoy  poseedores del 25,46 % de las acciones de YPF de las cuales no se ha tocado un pelo; “argentinización” que  le permitió a Repsol que se repartiese el 90 % de las utilidades entre los accionistas, de manera que “el grupo” pudiera pagar con lo producido la compra de las acciones y a Repsol remitir las utilidades al exterior. No importó en estas circunstancias que ello implicaba la imposibilidad de reinversión en exploración y capitalización de YPF, estaba por sobre todas las cosas el beneficio de capitalistas amigos.
El vaciamiento de las reservas petroleras refleja cabalmente la política energética del  gobierno, las empresas asuelan el territorio nacional sin ningún control, una vez obtenida la concesión disponen libremente de los hidrocarburos, explotando los pozos hasta su agotamiento, sin reinvertir en nuevas exploraciones, así, tomando algunos ejemplos: Petrobras registró un descenso de las reservas del 68%, Chevrón una caída superior al 44 %. El caso de YPF adquirió ribetes escandalosos porque sus reservas cayeron un 48 %, en el período que analizamos 2002/2009, considerando que esta  política se sostuvo aún con la presencia de un integrante del Estado en el directorio de la empresa. Según un informe que presentaron en forma conjunta ex secretarios de energía de la nación, esta política significó una perdida en la última década de más de 100 mil millones de dólares en reservas.
De todas maneras, el manotazo a la caja de Repsol, no resuelve la necesidad de una industria petrolera estatal y mucho menos el problema del abastecimiento; solo contribuirá en parte a pagar la descomunal  importación de hidrocarburos que debe realizar el país para sostener su funcionamiento, una suma superior a los 12.000 millones de dólares, el resto, campaña demagógica y nacionalista mediante, lo pagaremos los usuarios.

Los buitres al acecho
No es casual que la presidente haya hecho pública la expropiación parcial de YPF después de haber mantenido una reunión con Obama, ni que el gobierno estadounidense haya sido extremadamente suave en sus referencias a la expropiación. Es sabido que la norteamericana Exxon es una de las empresas imperialistas que aspira a ocupar el lugar de la Repsol en la explotación de los yacimientos de combustibles no convencionales de Vaca Muerta (Neuquén), al mismo tiempo que pretende desplazar de ese negocio a la petrolera china Sinopec.
El carácter de defensa de las inversiones y de las especulaciones capitalistas que tiene la “expropiación” de CFK lo dejó claro la última reunión de los ministros de economía del G-20 -realizada en Washington con la participación del FMI-  en la que se definió el conflicto con España como “una cuestión bilateral”  y como “una decisión de un país soberano”. Hasta la delegación mexicana que en principio había apoyado a España terminó alineándose detrás de la política de EE.UU. declarando que “la Unión Europea “no es un foro que aborde disputas específicas o cuestiones bilaterales”, es que los recientes descubrimientos de gas y petróleo no convencional transforman a argentina en un bocado apetecible para todos los pulpos internacionales y sobre la base de aquello de que “del árbol caído todos hacen leña” le han vuelto la espalda a las pretensiones imperialistas de España.
Como vemos no es el “amor” a la nación lo que ha movilizado a Cristina y al G-20. Las necesidades de un capitalismo en descomposición, cuya crisis se agudiza día a día, imponen soluciones draconianas, que en el tablero mundial de los intereses imperialista hacen jugar a sus peones, los países en desarrollo, como Argentina en este caso, en función de sus intereses.  Mientras puedan hacer sus negocios, los intereses imperialistas no se preocupan si una parte de las acciones de YPF son del Estado.  Y el mejor ejemplo y garantía de que el gobierno de CFK es un gran sostén de los negocios imperialistas, es el negocio de la megaminería, defendido por el  Kirchnerismo reprimiendo las manifestaciones populares

Por una alternativa obrera y socialista
El gobierno pretende hacernos creer que los cómplices del saqueo, es decir ellos mismos con el ministro De Vido a la cabeza, son la garantía de un futuro manejo eficiente de los recursos en YPF. Solamente el control obrero, con el acceso de los trabajadores a las cuentas de las empresas eliminando el secreto comercial y mostrando el desarrollo patrimonial de las empresas,  puede garantizar que no continúe la política que nos llevo a esta situación. Pero para que este control por parte de las organizaciones obreras sea transparente y democrático es necesario expulsar de los sindicatos a los otros cómplices del saqueo, la burocracia sindical.
El dinero para poner en marcha esta recuperación del sector estatizado bajo control obrero no debe salir de los fondos de la ANSES, es decir del plata de los jubilados actuales y futuros. Hay que imponer impuestos progresivos a las ganancias patronales, y el no pago de la deuda externa para financiar un Plan Energético Obrero y popular.
No es de la mano de la clase capitalista que el pueblo argentino logrará la soberanía energética, ni ninguna otra soberanía. En la medida que el capitalismo nos arrastra a la barbarie, la clase obrera junto a todos los sectores oprimidos de la nación debe imponer una alternativa propia.
Ningún gobierno patronal es capaz de realizar estas medidas porque están atados de pies y manos a los pulpos imperialistas. Solo un gobierno de los trabajadores puede actuar con mano firme contra los saqueadores extranjeros y sus cómplices, los empresarios argentinos.
En ese camino proponemos luchar por: ningún pago por la expropiación a los vaciadores de Repsol. Expropiación del 100% de la industria petrolera bajo control de trabajadores y técnicos. En defensa de los recursos, nacionalización de la banca y el comercio exterior. Por una comisión independiente de trabajadores petroleros elegidos en asambleas de base y organizaciones obreras y populares que establezca las responsabilidades en el daño ambiental y el vaciamiento energético.

Con el cambio en la jefatura de la CGT: Cristina K quiere asegurarse la subordinación del movimiento obrero a los intereses pro-patronales de su gobierno


Para el 12 de julio está prevista la realización del congreso confederal de la CGT para elegir al nuevo consejo directivo de la CGT. La ruptura entre Moyano y el gobierno de Cristina Kirchner es un hecho irreversible, por lo menos hasta esa fecha, ya que no se puede descartar que si Moyano retiene la conducción de la CGT, aunque debilitado por la lucha interna y por el condicionamiento de los dirigentes que se le oponen, vuelva a buscar un nuevo punto de equilibrio y de acuerdo con el gobierno.
Ni Cristina ni Moyano están interesados en la defensa de los intereses de los trabajadores. Si Cristina se quiere sacar de encima a Moyano es porque éste le estaba reclamando una tajada más importante de poder político a cambio de los servicios prestados manteniendo bajo control al movimiento obrero y dándole el apoyo a su candidatura. Además Moyano hizo pública su aspiración a la sucesión presidencial, cuando en su discurso del acto de River dijo que sería bueno que el próximo presidente fuera “un trabajador”. Cristina no lo quiere bajar a Moyano para poner sindicalistas democráticos y combativos, sino que se apoya en otro sector de la burocracia sindical: “los gordos” como Lezcano (Luz y Fuerza), West Ocampo (Sanidad) y Cavallieri (Comercio) que fueron colaboracionistas de la dictadura y el menemismo, los independientes como Andrés Rodríguez (Upcn), y Gerardo Martínez de la Uocra, cuyas patotas son lanzadas contra las huelgas –por ejemplo- como la de los docentes de Santa Cruz. Este último era el candidato preferido por el gobierno hasta que se hizo público que fue agente encubierto del servicio de inteligencia del ejército durante los últimos años de la dictadura. Ahora el que aparece como candidato más firme a la sucesión es Antonio Caló de la UOM.

La burocracia sindical se pelea por la torta

La decisión del gobierno de desplazar a Moyano desató la lucha interna en la central obrera. En este marco, el 3 de abril se realizó una reunión de los principales dirigentes que buscan desplazar a Moyano, en la cual a “los gordos” y “los independientes”, se sumó el inefable Luis Barrionuevo de la CGT Azul y Blanca, Daer de la alimentación y Fernández de la UTA. Según declaraciones de Lezcano en esa reunión barajaron impulsar una conducción “tripartita”, de manera de unificar a los opositores a Moyano.
Por su parte Moyano aspira a la reelección a la conducción de la CGT para, desde ese posición de fuerza, negociar la impunidad frente a las causas judiciales que lo amenazan, relacionadas con el negociado de los medicamentos truchos de las obras sociales, y para mantener el poder económico acumulado durante los últimos años, por ejemplo, el manejo de Covelia (una empresa de recolección de residuos que mantiene convenios con varios municipios del conurbano), y otros negocios que le permitieron –entre otras cosas- comprar una estancia en Henderson valuada en alrededor de 4 millones de dólares.
La base del movimiento obrero, los trabajadores, están ajenos a esta lucha interna por arriba. A ambas facciones de burócratas los impulsa la preservación de sus intereses y prebendas personales. Por eso ni se les ocurre llevar esta discusión a la base, por la misma razón que nunca hacen asambleas democráticas. No quieren que la intervención de la base los condicione o les vote objetivos y métodos diferentes que les impidan concretar sus acuerdos espurios. Los trabajadores en su gran mayoría saben que los burócratas sindicales son unos tránsfugas y los ven con desconfianza, pero la organización de una oposición clasista a la burocracia no es cosa fácil, porque los activistas clasistas somos doblemente perseguidos por los burócratas y por las patronales y  gobiernos.
Es que desde hace muchos años los sindicatos cegetistas son controlados por la burocracia sindical, que es una casta de dirigentes que tienen grandes prebendas materiales gracias al manejo de los fondos de las obras sociales y a los acuerdos que hacen con las patronales y sus gobiernos, en contra de los intereses de los trabajadores. Por eso estos burócratas, para defender sus beneficios materiales están dispuestos a todo para defender sus “sillones” y sus millones.

Los trabajadores no tenemos nada que esperar de estos dirigentes burocráticos y propatronales, salvo nuevas traiciones. Para que los sindicatos sirvan para luchar por nuestras reivindicaciones, tenemos que organizarnos en agrupaciones clasistas, luchando consecuentemente por las reivindicaciones más sentidas y por la democracia sindical, ganar el apoyo de la mayoría de los trabajadores, y expulsar a estos burócratas de los sindicatos.

Una explicación marxista de la burocracia sindical

Los sindicatos nacieron a principios del siglo pasado como organizaciones de lucha de los trabajadores. Las primeras direcciones sindicales fueron anarquistas y socialistas; luego socialistas y comunistas. Cuando Perón asume la secretaría de trabajo en 1943, tras el llamado “golpe de los coroneles” del GOU (Grupo de oficiales unidos), se apoya en el movimiento obrero, al cual le hace importantes concesiones, lo cual -tras el famoso 17 de octubre de 1945- le permitirá llegar al gobierno. Desde allí mantiene al movimiento obrero como la base fundamental de apoyo político a su gobierno, pero para controlarlo férreamente favorece desde el poder del Estado el ascenso de la burocracia sindical peronista.
Esta relación entre la burocracia sindical y el estado capitalista no fue un “invento” del peronismo, sino una característica general de la época imperialista. Como explica Trotsky:
Hay una característica común, en el desarrollo, o para ser más exactos en la degeneración, de las modernas organizaciones sindicales en todo el mundo; su acercamiento y su vinculación cada vez más estrecha con el poder estatal. Este proceso es igualmente característico de los sindicatos neutrales, socialdemócratas, comunistas y “anarquistas”. Este solo hecho demuestra que la tendencia a “estrechar vínculos” no es propia de tal o cual doctrina sino que proviene de condiciones sociales comunes para todos los sindicatos.
El capitalismo monopolista no se basa en la competencia y en la libre iniciativa privada sino en una dirección centralizada. Las camarillas capitalistas que encabezan los poderosos trusts, monopolios, bancas, etc., encarnan la vida económica desde la misma perspectiva que lo hace el poder estatal, y a cada paso requieren su colaboración. A su vez los sindicatos de las ramas más importantes de la industria se ven privados de la posibilidad de aprovechar la competencia entre las distintas empresas. Deben enfrentar un adversario capitalista centralizado, íntimamente ligado al poder estatal. De ahí la necesidad que tienen los sindicatos – mientras se mantengan en una posición reformista, o sea de adaptación a la propiedad privada- de adaptarse al estado capitalista y de luchar por su cooperación. (...)
Los países coloniales y semicoloniales no están bajo el dominio de un capitalismo nativo sino del imperialismo extranjero. Pero este hecho fortalece, en vez de debilitarla, la necesidad de lazos directos, diarios, prácticos entre los magnates del capitalismo y los gobiernos que, en esencia, dominan, los gobiernos de los países coloniales y semicoloniales. Como el capitalismo imperialista crea en las colonias y semicolonias un estrato de aristócratas y burócratas obreros, éstos necesitan el apoyo de gobiernos coloniales y semicoloniales, que jueguen un rol de protectores, de patrocinantes y a veces de árbitros. Esta es la base social más importante del carácter bonapartista y semibonapartista de los gobiernos de las colonias y de los países atrasados en general. Esta es también la base de la dependencia de los sindicatos reformistas respecto al estado.”  (1)

Frente a la burocracia sindical cegetista, a principios de los ‘90 se produjo una ruptura y la creación de la CTA, la cual enarbolaba las banderas de un sindicalismo “distinto”, democrático y autónomo, es decir, supuestamente independiente del estado, los gobiernos y de los partidos políticos.
Hay activistas honestos que sostienen que los dirigentes de la CTA no son burócratas porque no tienen prebendas materiales, y que los dirigentes de algunos de los sindicatos adheridos –por ejemplo, algunas seccionales de ATE y algunos sindicatos docentes- mantienen un régimen formalmente democrático, con asambleas y consulta a las bases. Sin embargo nosotros entendemos que el concepto de burocracia sindical se aplica no sólo a los que defienden prebendas materiales, sino a los dirigentes sindicales que son agentes políticos de la burguesía en el movimiento obrero, y como tales no desarrollan consecuentemente la lucha de clases, sino que por el contrario promueven la conciliación de clases, es decir van en contra de los intereses inmediatos e históricos del proletariado. En ese sentido, algunos dirigentes sindicales pueden mantener ciertos márgenes democráticos formales por un tiempo, hasta que la polarización de la lucha de clases los lleva a imponer con métodos burocráticos una política al servicio de algún sector burgués.
Los dirigentes “reformistas” de las dos CTA, tanto Yasky y cía, como los encabezados por Michelli, son correa de transmisión de los intereses patronales en el movimiento obrero. La CTA de Yasky mantiene una relación estrecha con el gobierno kirchnerista (sólo matizada con algunas críticas hechas desde su ubicación de aliado). La CTA de Michelli se ha ubicado como la pata sindical del FAP (Frente Amplio Progresista), siendo su dirigente histórico De Gennaro- unos de los dirigentes y candidatos de ese frente político-patronal encabezado por Binner, en el cual participan también la ex radical Stolbizer, y radicales de la UCR, junto a Libres del Sur y el PCR. La autonomía que figura formalmente en los estatutos es letra muerta en la práctica.

Hay una camada de honestos compañeros, “viejos” militantes, y camadas de nuevos activistas sindicales, surgidos después del 2001, que se volcaron a la lucha exclusivamente sindical, militan en los sindicatos adheridos a la CTA y rechazan a todos los partidos en general.  A estos compañeros les decimos fraternalmente que no se puede hacer sindicalismo “independiente” y defender los intereses de los trabajadores  honestamente “coexistiendo” con los dirigentes “reformistas”, porque estos son aliados de un sector de la patronal y tienen o aspiran a tener el apoyo estatal. No hay sindicalismo neutral o autónomo de la política. La política de los dirigentes reformistas es la conciliación de clases.

¿Cómo conquistar sindicatos independientes y democráticos?

¿Cuál es la relación entre la independencia política de la burguesía y la democracia sindical? La burocracia sindical es el agente de la burguesía en el movimiento obrero. La burocracia necesita imponer un régimen burocrático en los sindicatos porque, como su razón de ser es la conciliación con la burguesía y su adaptación al estado burgués, su política va contra los intereses de los trabajadores. Mientras los sindicatos mantengan una relación de subordinación a los intereses de la burguesía y al estado burgués no puede haber democracia sindical en su seno. Sólo una dirección sindical clasista y revolucionaria, al impulsar un programa independiente de la burguesía y su estado, al reflejar en su política concreta los intereses inmediatos e históricos del proletariado, puede basarse plenamente en la democracia sindical. Las normas estatutarias –a las que le dan mucha importancia algunas organizaciones trotskistas como el PTS- sólo son un reflejo relativo de la relación de fuerzas que se expresa en la lucha de clases, pero no un talismán mágico que por sí mismo pueda evitar la burocratización de la nueva dirección.

Como explica Trotsky:
“En otras palabras, los sindicatos no pueden ser simplemente los órganos democráticos que eran en la época del capitalismo libre y ya no pueden ser políticamente neutrales, o  sea limitarse a servir a las necesidades cotidianas de la clase obrera. Ya no pueden ser anarquistas, es decir que ya no pueden ignorar la influencia decisiva del estado en la vida del pueblo y de las clases. Ya no pueden ser reformistas, porque las condiciones objetivas no dan cabida a ninguna reforma seria y duradera. Los sindicatos de nuestro tiempo pueden servir como herramientas secundarias del capitalismo imperialista para la subordinación y adoctrinamiento de los obreros y para frenar la revolución, o bien convertirse, por el contrario, en las herramientas del movimiento revolucionario del proletariado.” (2)

Coincidiendo con Trotsky, para nosotros es imposible la existencia de sindicatos reformistas que sean independientes o semiindependientes de la burguesía y su estado. “En la era de la decadencia imperialista los sindicatos solamente pueden ser independientes (y democráticos) en la medida en que sean conscientes de ser, en la práctica, los organismos de la revolución proletaria”. “La independencia” no es un “estado pasivo” que se declama, o una norma estatutaria (como la pretendida “autonomía” de la CTA), sino que “se expresa mediante actos políticos, o sea mediante la lucha consecuente contra la burguesía. Esta lucha debe inspirarse en un programa claro, que requiere una organización y tácticas para su aplicación. La unión del programa, la organización y las tácticas forman el partido. En este sentido la verdadera independencia del proletariado del gobierno burgués no puede concretarse a menos que se lleve a cabo su lucha bajo la conducción de un partido revolucionario y no de un partido oportunista”. (3)

Para lograr un sindicato independiente de la burguesía, hay que derrotar a la burocracia sindical. El terreno más favorable para derrotar a una dirección sindical burocrática es cuando hay un ascenso importante en las luchas del movimiento obrero, porque es allí cuando se ponen más en evidencia la contradicción entre los intereses de la base de la clase trabajadora con los intereses de la burocracia dirigente.
En una situación normal sin movilización de la base, es muy difícil ganarle a la burocracia mediante las elecciones. Cualquier activista sindical clasista con un poco de experiencia sabe que si pretende utilizar las elecciones para derrotar a la burocracia sindical, no sólo deberá jugar con las reglas de juego impuestas por la burocracia sindical, sino también en su cancha y con el referí puesto por la burocracia. Sólo con una amplia mayoría de la base obrera a su favor podrá obtener una primera victoria que luego deberá refrendar muy probablemente en los enfrentamientos físicos, porque lo normal es que la burocracia resista con “métodos de guerra civil” la entrega del aparato sindical que es la fuente de sus prebendas materiales. Allí no hay estatuto ni argumento legal que valga, sino el apoyo mayoritario real de la base y la existencia de una vanguardia sólidamente organizada y decidida hasta a ir hasta el fin en la lucha contra la burocracia.

Aún derrotada la vieja burocracia, la independencia de los sindicatos con respecto al Estado y la democracia sindical, tampoco son cuestiones que se puedan “garantizar” votando un estatuto que las establezca. El estatuto más clasista puede dormir en un cajón. La independencia y la democracia dependen de la orientación política de la dirección sindical y de la relación de fuerzas, y se concretan en la práctica de la lucha de clases. La conciliación obligatoria, por ejemplo, es una de las principales normas legales impuestas por la legislación burguesa para sujetar al movimiento obrero al arbitrio del estado, que siempre tratará de favorecer a la patronal. Una dirección sindical clasista sólo podrá rechazar la conciliación obligatoria –lo establezca o no una norma estatutaria- si la relación de las fuerzas en lucha está a su favor. Es decir es una cuestión táctica a evaluar en el marco de una estrategia de lucha de clases consecuente, es decir de ruptura con la burguesía y su Estado.
En síntesis, sin descartar las maniobras tácticas que sirvan para hacer avanzar -aunque fuera parcialmente- la lucha contra la burocracia, el objetivo principal no es luchar por una “nueva dirección” cualquiera. El clasismo consecuente sólo puede provenir de la orientación de un partido revolucionario.

Notas:
(1) Y (2) Los sindicatos en la era de la decadencia imperialista (León Trotsky)
 (3) Comunismo y sindicalismo (León Trotsky)

Como defendernos de la “inseguridad”



Cada vez que algún “famoso” sufre un ataque de delincuentes –como ocurrió recientemente con el locutor Baby Etchecopar-, la cuestión de la inseguridad gana espacio en la TV, en los diarios y se reaviva la discusión acerca de cómo enfrentarla.
Sin embargo, en los barrios donde habitamos los trabajadores y los sectores pobres de la población, los robos y asesinatos son cuestiones de todos los días, aunque la repercusión periodística en estos casos es inexistente o bastante efímera. En los barrios obreros y populares, la situación desde hace tiempo es muy difícil. La cantidad de robos viene subiendo de los niveles “habituales” y se efectúan con mucha más violencia.

La delincuencia que ataca a los trabajadores para robar una moto, una cartera, un celular, o entra a una casa para llevarse lo poco que encuentran, es una realidad que fluctúa en intensidad según los altibajos de la situación económica, pero que en líneas generales va creciendo en tanto se agrava la crisis social que deja cada vez a más personas en la marginalidad. Es decir es ante todo un problema social.
El capitalismo en decadencia fue acumulando generación tras generación un sector de desocupados y pobres permanentes que no encuentran lugar en la producción. Este sector social “excedente” que se instala en los márgenes de los barrios obreros, son marginados sociales, “desclasados”.
La delincuencia no necesariamente viene exclusivamente de este sector social, está claro; pero la marginalidad que rodea las grandes ciudades, al no poder acceder al trabajo productivo estructurado, es un caldo de cultivo para todas las lacras sociales. La más peligrosa es el tráfico y consumo de drogas que desde los años 90 no ha parado de crecer. En ese marco, pibes de muy corta edad se inician en el delito, como forma de acceder a los bienes elementales que la sociedad le niega. Este sector de delincuentes que roban para vivir al día necesariamente tiene que atacar a los más débiles y desarmados que somos nosotros, los trabajadores.  Nos encuentran vulnerables y además desorganizados y bajo los efectos de las drogas, ahora no solo nos roban sino que también nos matan.

Tanto los kirchneristas como los socialistas de Binner dicen que sólo se trata de una “sensación” de inseguridad, que son hechos aislados, y que es una exageración que utilizan los diarios opositores de derecha, etc.
Niegan los hechos que se suceden a diario y que se profundizan junto con la miseria social de la cual ellos son responsables. Niegan la realidad para sostener que sus gobiernos hacen las cosas bien y que con una gestión “progresista” del capitalismo la paulatina eliminación de los males sociales que nos aquejan es posible.

Ellos dicen que para combatir el delito tienen una política de “izquierda”, de inclusión, en contraposición a la política de “mano dura” que pregona la derecha. Pero la única salida “inclusiva” que tienen para los marginados son las cooperativas para juntar cartones y otras cosas reciclables de la basura o para la producción de comestibles artesanales, subsidios miserables, asistencialismo y planes de trabajo, con lo que apenas pueden subsistir entre la pobreza y la indigencia.

Por otro lado para pintarse de progresistas esgrimen una hipotética política de rehabilitación en las cárceles. Sin embargo la realidad es que las condiciones de detención que padecen los presos solo pueden exacerbar las tendencias delictivas. Como denuncia la CADH (Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario), en las cárceles, “Al hacinamiento, la falta de higiene, el ambiente edilicio deplorable, la mala alimentación y las condiciones inhumanas de detención se suma la violencia cotidiana del abuso de poder, las torturas y golpizas, las humillaciones y el maltrato tanto hacia los detenidos como hacia sus familiares. Todo esto, junto al asesinato o los “suicidios” son planificadas políticas de estado y no mala administración penitenciaria”.

En estas condiciones no hay rehabilitación posible. Pero aún si mejoraran las condiciones de detención, cuando los presos salen de las cárceles se encuentran con más hostilidad; y si es muy difícil para cualquiera conseguir trabajo, mucho más para un ex-convicto. De igual manera es impotente la política que pretende rehabilitar a los menores a través de la “contención psicológica” porque con eso no se resuelven las condiciones infra-humanas en que se encuentra su familia, los hábitos adquiridos durante décadas de estar sumergidos en la indigencia, y el creciente flagelo de la drogadicción.

Cuando la situación de “inseguridad” se agudiza, como ocurre en estos momentos, en un barrio tras otro, los vecinos se movilizan para reclamar al gobierno de turno “mas policía, más destacamentos en los barrios, más cárceles, mano dura, tolerancia 0, cárcel a menores y hasta pena de muerte”.
Pero, ¿es ésta realmente la solución?

La policía es una parte importante del problema, no su solución. Todos los días salen a luz casos de policías envueltos en robos o asesinatos.
Mientras que por otro lado son habituales los casos de “gatillo fácil”, y de muertes en las comisarías. Recientemente causó gran repercusión el asesinato de un testigo “protegido” que iba a declarar contra 9 policías acusados de torturar y violar a un adolescente de 16 años en una comisaría de Trelew.
Es sabida a vinculación de la policía con el delito de cualquier tipo. Policías integrando bandas de delincuentes, o en manifiesta complicidad dejando zonas liberadas, como institución “recaudando” cuotas de quinieleros, prostíbulos, manejando menores que van a robar para la policía, o sus estrechas relaciones con barras bravas que están en el “negocio” de la droga, como quedó al descubierto con el asesinato de los tres militantes del FPDS en Rosario.  
Las barras bravas de futbol son organizaciones delictivas para todo servicio. No sólo prestan servicios a los dirigentes del futbol, sino también a los dirigentes políticos y la burocracia sindical. Por eso no los pueden desactivar. Inclusive el gobierno kirchnerista organizó las “hinchadas unidas”, subsidiándolas con fondos estatales. Así como los políticos defensores del capitalismo y la propia burocracia sindical necesitan a las barras bravas como fuerzas de choque (como quedó en evidencia en el asesinato de Mariano Ferreyra), también necesitan a la policía brava, dispuesta a cualquier acto de salvaje represión. La necesidad para cualquier gobierno burgués de mantener este aparato represivo hace que les sean permitidos todos los negocios sucios con los que se financia “el aparato” y se enriquecen los jefes. Pero además, ¿cómo va a democratizar el gobierno kirchnerista a la policía si las campañas políticas se financian con el mismo narcotráfico con el que está asociada la cana?
En esta sólida “cadena de favores” también está enganchado el sistema judicial, sin la colaboración del cual la impunidad no sería efectiva.

No se trata de cambiar a un gobierno corrupto por otro “decente”, como quiere hacer creer la campaña de la oposición burguesa, como la del FAP binnerista, entre otros. La corrupción está en la naturaleza misma del capitalismo. La moral del capitalista está determinada por la ley intrínseca al sistema que lo lleva a querer obtener la mayor ganancia posible, para lo cual no va a detenerse ante cualquier crimen que haga falta, para lo cual gozará de impunidad siempre que no joda a otro capitalista más grande. La plusvalía misma que obtienen los capitalistas en la producción legal, es un robo a los trabajadores. Pero además asociados al poder político roban con los subsidios a las empresas, con la especulación financiera, etc.; todo el sistema capitalista es un robo legalizado, una corrupción generalizada que como un cáncer se ramifica hacia todo el aparato estatal que necesita la burguesía para mantener su poder: políticos, jueces y policías.

La delincuencia que se origina en la marginalidad, es la contracara de esta misma moneda o su reflejo en las capas sociales más sumergidas. Por eso para terminar con la delincuencia hay que empezar por la cabeza, por derrocar el poder de la burguesía y el capitalismo en descomposición, para crear nuevas condiciones sociales que permitan realmente incorporar a todos los que estén en condiciones de trabajar a una tarea productiva.
¿Eso significa que los trabajadores debemos permanecer indefensos y dejarnos robar o matar impunemente hasta la revolución socialista? De ninguna manera, pero no será apelando a las fuerzas represivas del régimen como lograremos defendernos. Debemos organizar nuestra propia autodefensa en los barrios obreros y en los mismos lugares de trabajo.

A la derecha

La política de los supuestos “nacionales y populares” y “progres” que nos gobiernan al sostener al régimen capitalista no pueden dar una salida efectiva a la situación de inseguridad y por ello son los responsables de generar -principalmente en la clase media, pero también en los trabajadores- una reacción que inevitablemente va girando a la derecha. Y ante el desprestigio de la policía hay sectores -inclusive de trabajadores- que no ven con malos ojos el despliegue de otras fuerzas armadas y de seguridad. En ese marco, y apoyándose en la angustia generada por los hechos cotidianos de violencia delictiva, es que se refuerza constantemente el aparto represivo.
Ante los reclamos de la población, los kirchneristas argumentan que en la ciudad de Bs As y en el conurbano, además de la Policía Federal, han desplegado a la Gendarmería y la Prefectura para “la prevención del delito”. Macri, por su parte, creó la Policía Metropolitana. Pero sus objetivos no son reprimir el delito que asola las barriadas obreras. La Metropolitana de Macri hizo su “bautismo de fuego”, junto con la Policía Federal y barras bravas armados lanzados como fuerza de choque contra los ocupantes del Parque Indoamericano, dejando como saldo tres muertos. En el 2007? La Prefectura “se destacó” en la represión contra los trabajadores del casino flotante en Bs As. La Gendarmería, fuerza que ha sido puesta como ejemplo por la ministra Garré, además de reprimir a los trabajadores en lucha, se dedica a espiar a los delegados y militantes obreros.
Los “socialistas” declaran que están invirtiendo más y más en seguridad, mencionan la cantidad de nuevos vehículos incorporados al patrullaje, o la cantidad de los nuevos cadetes en formación en las escuelas policiales. Pero acompañando como la sombra al cuerpo la escalada represiva del gobierno nacional, la policía santafecina se perfecciona en el desalojo de los manifestantes que cortan calles u ocupan terrenos para construir viviendas.
Mientras que en la década del 70, la excusa era el combate contra la subversión, el despliegue de fuerzas policiales especiales y de las propias Fuerzas Armadas se hace ahora con el argumento de la represión interna del delito común. Esta es una política de los gobiernos burgueses que ya se ha concretado en varios países latinoamericanos. En países donde el narcotráfico ha crecido los gobiernos burgueses tienen la excusa perfecta para que el ejército tome las calles, como México o como la represión a las favelas en Brasil. Hace poco en Bolivia, el gobierno del “progresista” de Evo Morales también se sumó a esta tendencia, anunciando que utilizaría al ejército para combatir la creciente ola de delitos comunes.
Sin embargo, contra esta política burguesa del gobierno, los pobladores de El Alto, las barriadas obreras y populares que rodean la ciudad de La Paz han organizado sus propias guardias civiles de autodefensa.

¿Qué podemos hacer los trabajadores para defendernos de la delincuencia?

  • Crear organismos de autodefensa en los barrios obreros. Llamar a asambleas para concretar estos organismos. Crear sistemas de alarmas caceras con bocinas, silbatos, hacer cadenas telefónicas, etc.
  • Crear organismos de contención para niños, adolescentes y jóvenes en situación crítica. De estos organismos pueden salir charlas y propuestas que vayan unificando al barrio en vez de dividir como sucede ahora. Aquí planteamos los problemas de falta de salida para los jóvenes.
  • Unidad en las luchas por trabajo y vivienda, toma de tierras, etc.(los hijos de los obreros tampoco tienen donde vivir)
  • Hay que inculcar la defensa incondicional de la clase trabajadora ante cualquier tipo de agresión de la delincuencia, explicando pacientemente que la pelea de fondo debe ser contra el enemigo real: “la burguesía”.
  •  Crear todo tipo de vínculo posible entre los barrios obreros y las villas y al interior de los barrios entre los trabajadores y el resto de los pobres y marginados.
  • No recurrir a la policía. Sobre el odio y la desconfianza explicar la razón de existencia de la policía como fuerza represiva al servicio del estado burgués.

Si los barrios obreros y populares se organizan para defenderse de la delincuencia, la clase trabajadora que en ellos habita aprenderá, aunque por esta vía indirecta, a armarse y a defenderse también como clase de sus verdaderos enemigos, la burguesía y su aparato represivo estatal. Compartirá esta experiencia con sus compañeros de trabajo y otros se sumarán no sólo en los barrios sino también en las estructuras laborales. 

Lucha de la 60


Unir a los 1300 trabajadores para continuar la lucha contra los despidos, por los cambios de tareas y en defensa del Cuerpo de Delegados


La 60 desnuda la crisis del transporte y la represión kirchnerista contra los trabajadores

Como hizo antes con los maestros y los trabajadores del subte, el gobierno dedico un párrafo del discurso presidencial realizado en cadena nacional por el tema de YPF, a la lucha de la 60. Cristina dijo allí que “tiene que lidiar con la 60”. Este planteo de Cristina estuvo destinado a justificar el descomunal operativo conjunto de más de mil efectivos de la infantería de la provincia de Buenos Aires (Scioli) y la gendarmería (Garré), para amenazar con desalojar a los trabajadores de la cabecera de Ing. Maschwitz que se encontraban realizando la huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Esto forma parte de un “repertorio” que el gobierno toca cada vez más seguido ante el deterioro de la situación económica y social: encarcela y enjuicia trabajadores, realiza actividades de espionaje contra dirigentes y activistas, reprime las huelgas, etc., mostrando de esta forma que el gobierno y las fuerzas represivas del Estado están al servicio de los intereses de la clase patronal. En el caso de la 60 el eje de todos estos ataques es destruir al Cuerpo de Delegados.
El kirchnerismo durante los años de crecimiento económico hablaba de “redistribución de la riqueza” y afirmaba que no reprimiría la protesta social. Es que cuando la patronal gana mucho dinero intenta mantener condiciones de paz social basadas en algunas “concesiones” que le permita un “buen clima de negocios”. Pero Cristina ahora habla de “sintonía fina” (o sea de ajuste) y califica las huelgas y las luchas obreras como “extorsiones”.
Pero la lucha de la 60 también es atacada porque puso al descubierto la crítica situación del transporte público producto de la política del gobierno nacional que mantiene el mismo “modelo” de privatización con respecto a trenes y subte y una política de subsidios que ha enriquecido a la patronal del colectivo a los largo de estos años. El crimen social de Once fue la expresión más brutal de una situación que muestra como las patronales amparadas por el gobierno nacional se enriquecen “atando con alambre” los trenes sin importarles la vida de los trabajadores. En el colectivo es igual que en el tren. Líneas como la 25 siguen de paro porque los empresarios no tenían ningún colectivo ¡NINGUNO! en condiciones de funcionar (dicho hasta  por la propia CNRT) La patronal de la 60 dice por los medios que ha renovado casi la totalidad de su flota con modelos 0 km, pero tiene guardadas gran cantidad de estas unidades en las playas de estacionamiento para cobrar los subsidios sin poner los servicios en la calle (salen alrededor de 28 colectivos por hora cuando deberían hacerlo 54 en cabecera Constitución).    
Entre las reivindicaciones de los choferes de la 60 están el respeto a las frecuencias y la calidad del servicio (que hace a las condiciones de trabajo de los choferes y a la forma en que los trabajadores viajan) y los “cambios de tarea”, es decir, que se mantenga el puesto de trabajo a aquellos choferes que han dejado su salud trabajando en estas condiciones y que ahora la patronal pretende echar como perros. Estas reivindicaciones pusieron el “dedo en la llaga” al cuestionar este “modelo kirchnerista”
de transporte.

5 días de huelga

El paro de 5 días con 100% de adhesión, las movilizaciones y los piquetes en Panamericana y Capital mostraron la enorme fuerza del reclamo que se colocó como uno de los ejes de la situación política (justamente por eso la huelga fue tan duramente atacada por el gobierno).
El dictado de la conciliación obligatoria (con la reincorporación temporal de los despedidos) planteó la discusión sobre la continuidad o no de la medida.
Un sector del activismo con justeza reclamó la convocatoria a una asamblea general (que dadas las características de la empresa fueron masivas asambleas en cada cabecera) para pelear por continuar la huelga que era la posición minoritaria en el Cuerpo de Delegados. Las asambleas mostraron una paridad entre las posiciones en discusión, lo que ponía de relieve privilegiar la unidad de los 1300 choferes de la 60 para proseguir la lucha una vez vencida la conciliación obligatoria. Con poco y nada de “diferencia” se continuó el paro, lo cuál fue advertido por la patronal y el gobierno que unas horas más tarde lanzó el operativo amenazando con el desalojo de Maschwitz, que si bien no consumó la represión mostró la dificultad de continuar la medida en esas condiciones. Los compañeros de Maschwitz se mantuvieron con gran firmeza frente a cientos de miembros de la infantería y gendarmes  pero esta situación igualmente fortaleció el planteo de levantar. Era muy difícil postergar la decisión para una asamblea al mediodía como se había hecho el día anterior.
Nosotros combatimos la idea impuesta por la burocracia sindical que persigue a todos los que no se someten a sus posiciones. Creemos que la democracia sindical es la posibilidad de que se expresen todas las posiciones y críticas con total libertad. La lucha por las posiciones no “divide” como dice la burocracia sindical, la acción de todos los trabajadores se unifica en asambleas. Consideramos que si el Cuerpo de Delegados defendía la continuidad del paro y trabajaba para fortalecer su carácter activo los trabajadores habrían apoyado mayoritariamente esa decisión.     

Actualmente, la patronal debió aceptar que los despedidos reingresen pero no les ha dado tareas. Aunque siguen las negociaciones en el marco de la conciliación obligatoria, tampoco la patronal ha accedido a dar los cambios de tareas. Son síntomas de que la patronal de DOTA, La Union tranviaria Automotor, y el gobierno mantiene su ataque contra los trabajadores.
Ante esta situación, los 1300 trabajadores de la 60 deben unirse alrededor de la defensa de los despedidos, por los cambios de tareas y demás reivindicaciones. Alrededor de estas reivindicaciones hay que defender el planteo de un paro activo si la patronal mantiene esta postura.
Con cerca de 2000 choferes en diversos conflictos (líneas 24, 25, 60, etc) la dirección de la UTA debería convocar a un plan de lucha y paro de Capital y provincia de Buenos Aires hasta obtener estas demandas. Pero la UTA, claro está, no tiene esta posición.
Trabajemos entonces por un Frente Único que agrupe a todos los sectores del transporte que están peleando y a las comisiones Internas, Cuerpos de Delegados y agrupaciones combativas del colectivo, del subte y del tren para desarrollar una lucha conjunta.
Por último, agrupemos en un Comité de Solidaridad a todos los sectores obreros, políticos, sociales, estudiantiles que defienden la lucha de la 60.  

Importante lucha de los metalúrgicos de Rexam


Los trabajadores de la fábrica Rexam, ubicada en el Parque Industrial de Burzaco están desarrollando una importante lucha que incluyó el paro total de la planta por cerca de tres días.
En un comunicado los compañeros han informado sobre su reclamo y la situación actual de la lucha a la vez que lanzan una convocatoria al conjunto de los trabajadores a solidarizarse activamente con su reclamo. Desde junio del año pasado, venimos luchando porque la empresa pague la compensación por jornada nocturna, que los aumentos paritarios se apliquen sobre la totalidad del salario, porque el adicional REXAM, lleva 5 años congelado. Y el pase a planta de los compañeros tercerizados de Master Clean, que se encuentran realizando tareas permanentes en línea de producción, reproceso y calidad. O la igualación de su categoría UOM, considerando que por igual trabajo igual salario. Y no se trata de un problema económico de la empresa, porque por cada trabajador tercerizado paga más del doble. Es decir, que no solo estamos ante una reducción de nuestros salarios, sino ante una estafa y precariedad laboral de 30 compañeros, desconociendo el convenio colectivo metalúrgico.
Durante todo este tiempo la empresa se ha negado a dar una solución real a estos reclamos, planteando “parches” a cambio de exigir la paz social y el cumplimiento de las metas de producción y calidad. Mayor productividad a cambio de casi nada.
Además existe una falta de inversión en mantenimiento de las maquinas y servicios auxiliares. Sumado a ello, la empresa ha iniciado el desarme de una maquina, a fin de efectuar supuestas reparaciones en EE.UU., pese a que la misma podría ser realizada en el país. Toda esta situación denunciada pone en riesgo las fuentes de trabajo, por responsabilidad de la empresa y no de los trabajadores como maliciosamente se pretende argumentar.
Es a partir de este legítimo reclamo y denuncia, que la patronal de REXAM, buscando quebrar la unidad, fuerza y lucha de los compañeros, inicia una campaña de amenaza y actúa con total impunidad. Primero amenazando a través de un escribano, luego despidiendo arbitrariamente a 15 compañeros, no permitiendo el ingreso de los trabajadores a planta y finalmente la amenaza de desafuero y posterior despido de dos delegados, para quebrar la organización. Su argumento es que nuestra lucha es “ilegal”, porque no respetamos la conciliación obligatoria aplicada a la UOM a nivel nacional en el marco paritario. Pero esto es falso, porque nuestro reclamo, nada tiene que ver con la paritaria, es interno de fábrica y anterior a dicha conciliación.
A la fecha se nos ha dictado la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, con los 15 despedidos adentro.
Estamos en un momento difícil, luchamos contra el poder de una multinacional con sede en Londres, Inglaterra, que no va a escatimar en recursos para intentar aplastar el legitimo reclamo de los trabajadores. Pero tenemos la certeza de que daremos la pelea hasta el final, este es el ánimo de los compañeros y nuestra fortaleza. Es por ello que hacemos un llamado, en primer lugar a nuestros compañeros metalúrgicos y a todos los trabajadores, organizaciones sociales y políticas, a los organismos de derechos humanos, artistas e intelectuales, a solidarizarse, difundir y apoyar activamente esta lucha”

Desarrollemos una fuerte campaña en solidaridad con los metalúrgicos de Rexam

Al reclamo salarial y del fin de la tercerización los trabajadores han sumado el pedido de reinstalación definitiva de los 15 trabajadores despedidos y el planteo de que la patronal retire la solicitud de desafuero contra dos de los delegados: Petronio y Tapia.
Ante esta situación debería ser en primer lugar la propia UOM seccional Avellaneda quién convoque a un plan de lucha seccional por el triunfo de Rexam. Pero esa no es la orientación de los directivos de la seccional. Por eso esta política debe pelearse y abrirse paso desde la asamblea de fábrica, reclamando su convocatoria. 
Durante el paro los trabajadores han recibido el apoyo de delegados de la línea 60, del Hospital Garrahan, trabajadores de SIAT y otras metalúrgicas, de la juventud sindical de camioneros, de organizaciones políticas como el MAS y nuestro partido el PRS, entre otras.
Partiendo de esta base, desarrollemos la convocatoria lanzada por los trabajadores de Rexam conformando un Comité de Solidaridad que lance una campaña de difusión de la lucha en las decenas de fábricas del Parque Industrial de Burzaco y en todo el gremio metalúrgico, comenzando por la seccional Avellaneda para fortalecer esta lucha.

Paritarias de la UOM


Por un plan de lucha nacional por la moción del Congreso de Delegados de la UOM San Martín: $5000 de bolsillo para el operario


El salario metalúrgico y la política salarial del gobierno nacional

Los metalúrgicos estamos entre los sectores de la industria peores pagos con un salario de $15,11 la hora para la categoría inicial o $2400 de bolsillo, que no alcanza ni a cubrir la mitad de la canasta familiar, la cual llega a los $5502, según cálculos de técnicos del INDEC desplazados por Guillermo Moreno.
La UOM ha pedido $4000 para el operario, pero sobre el salario bruto, lo que equivale aproximadamente a $3200 de bolsillo. Si ese es el pedido “para negociar” nos podemos dar una idea del desarrollo que tendrán las paritarias: muy lejos de las necesidades reales de los trabajadores metalúrgicos.
Muchos compañeros piensan que esta desastrosa situación salarial es responsabilidad sólo de las patronales y de las “agachadas” de los dirigentes de la UOM. No. Acá también estamos ante la política salarial del gobierno de Cristina Kirchner, que fijó un techo salarial del 18-20% aproximadamente, que equivale, considerando que la inflación se mantiene en índices de alrededor del 25%, a una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Evidentemente esta política está al servicio de sostener las ganancias que la patronal ha ganado durante los últimos años y no de los intereses de los trabajadores.
Pero esta siempre ha sido la orientación económica del kirchnerismo. Desde la crisis del 2001 a esta parte, la “recuperación económica” se basó en una devaluación que produjo una brutal caída de los salarios o lo que los patrones llamaron “recuperar competitividad”, es decir tener un bajo costo laboral (medido en dólares) con relación a producir en otros países. La devaluación efectuada  por el gobierno de Duhalde estuvo al servicio de los intereses de la Unión Industrial Argentina, que es el sector beneficiario también de las políticas del gobierno kirchnerista, tanto el de Néstor como el de Cristina.
En estas condiciones, se produjo una reactivación y se recuperaron puestos de trabajo con bajísimos salarios lo cuales fueron compensados con las horas extras, con superexplotación. Durante los años de crecimiento económico, las paritarias, a lo sumo permitieron compensar lo perdido con la inflación. Pero en las condiciones actuales, con un crecimiento menor y con una crisis económica internacional que repercute en la Argentina, las patronales y el gobierno quieren ajustar nuestro salario.   
El otro proceso que da un marco político al desarrollo de las paritarias, es la pelea abierta por la elección del secretario general de la CGT. Caló es uno de los candidatos que postula el gobierno para desplazar a Moyano. En esto también hay compañeros que creen que si Caló llega a la cabeza de la CGT los metalúrgicos vamos a tener posibilidades de recuperar el salario. Todo lo contrario, si el gobierno postula a Caló es porque busca un dirigente dócil para aplicar un ajuste salarial a toda la clase trabajadora y nuestra propia paritaria es la mejor prueba de esto.  Por eso Caló dijo públicamente que Vamos a preguntar a los empresarios cuanto están dispuestos a pagar”.  colocando nuestro salario como una “prenda de cambio” en la interna de la CGT.

¿Que hacemos?

Los delegados opositores de la UOM San Martín plantearon una política justa que fue aprobada aún en el mismo Congreso de Delegados de la seccional: ¡5000 de bolsillo para el operario! Abramos paso a este planteo, aprovechando toda instancia de debate (asambleas, reuniones, etc).
Un planteo de lucha debe incluir también la lucha contra los despidos y suspensiones que comenzaron sobre todo en las autopartistas, con Indiel (600 puestos de trabajo), RBI (ex Bosch), Mecca Castelar y otras. Ante esto se debe sostener: ¡No a los despidos ni cierres de empresa! Y defender el planteo de estatización con control de los trabajadores de las empresas que cierren o despidan masivamente trabajadores. Este también debe ser un planteo en el marco del desarrollo de una plan de lucha.
Si algo también demuestra el desarrollo de estas paritarias, por enésima vez, es la necesidad de recuperar los Cuerpos de Delegados y Comisiones Internas, poniendo al frente compañeros clasistas que desarrollen la lucha por las reivindicaciones de los metalúrgicos.
Actualmente estamos en conciliación obligatoria y no se puede descartar alguna medida de fuerza, aunque ultralimitada y parcial, dada la política de los dirigentes de la UOM. Participemos de estas medidas, no de una forma pasiva sino con este programa, reclamando un plan de lucha nacional.

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