El “modelo” kirchnerista se profundiza… con despidos y recortes salariales

Los primeros días del “segundo mandato” de Cristina FK no dejan lugar a dudas del rumbo que está tomando el “modelo”, ni de a quiénes va a llevar hasta las profundidades.

La quita de los subsidios no afecta solamente a las clases medias acomodadas que “no los necesitan” y “pueden pagar” sino que al ser trasladada por las patronales a los precios y tarifas, la pagamos todos. El primer efecto visible fue la suba del precio del transporte público, primero en todo interior del país y ahora también en capital y el conurbano bonaerense. Pero la cosa no termina ahí.

A pesar de que Cristina no se cansa de repetir que durante los ocho años de gobierno kirchnerista el país creció como nunca en su historia, la mayoría de las provincias están muy endeudadas: $12 000 millones en el 2011, mientras que en el 2010 fue la tercera parte. El 28 de diciembre, durante el último acto público antes de su internación, la presidente anunció la prórroga del financiamiento de las deudas provinciales y un acuerdo de “desendeudamiento” con 17 provincias. Pero esta decisión, presentada como algo positivo, esconde la directiva presidencial de reducir en corto plazo los déficits de los estados provinciales, no sólo hubo con una suba generalizada de impuestos, sino también con el ajuste que ya empezó sobre los trabajadores del sector público en varias provincias (Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Córdoba, Chaco, Catamarca y Mendoza), reclamado veladamente por la propia presidente en su discurso. Efectivamente, tras exponer las bondades del acuerdo, solicitó a los gobernadores que entreguen informes relacionados con la cantidad de empleados públicos en las provincias y en los municipios. "Es para que sepamos la cantidad de personas que está empleada, y tornar así más eficiente el funcionamiento del estado y de las políticas de estado, por eso necesitamos que los municipios colaboren" dijo.

Santa Cruz: El ajuste en el feudo kirchnerista

Como queriendo dar el ejemplo, el jueves 29 de diciembre, en Santa Cruz -provincia controlada desde hace 20 años por el kirchnerismo-, el gobernador Peralta envió para ser aprobadas por el legislativo provincial un paquete de leyes “de emergencia” propias de los 90, y similares a los “ajustes” que imponen a los trabajadores los gobiernos europeos, a los que Cristina critica en los discursos. El “regalito” de fin de año incluía la suspensión de las paritarias, liquidación de la movilidad de los haberes de los jubilados, el aumento de la edad para jubilarse para los docentes y demás empleados públicos y la posibilidad de la “reubicación” de estos últimos, lo que implica la posibilidad del pase a disponibilidad y el despido.

Fue la propia presidente en el mencionado acto del 28 de diciembre, la que dio la señal de apoyo a ese ajuste al señalar los “privilegios” que tienen algunos trabajadores, así como antes había acusado a los docentes y petroleros santacruceños de extorsionar al gobierno con sus huelgas y de hacerle perder mucha plata a la provincia con la ocupación de las plantas petroleras.

Según informa el diario La Nación y sin que nadie lo haya desmentido “El miércoles a la noche, en una reunión con 14 intendentes, los 22 diputados kirchneristas y los ministros, el gobernador aseguró que la Presidenta estaba al tanto de las reforma de la ley previsional y que funcionarios de Economía y de la Anses se encontraban auditando las cuentas de la provincia. En esa reunión todos los legisladores, incluidos los representantes de La Cámpora, acordaron aprobar la emergencia económica”.

Ante la resistencia de los trabajadores docentes de ADOSAC, municipales y de otros gremios estatales, que fueron duramente reprimidos por la policía provincial, se generó una crisis política ya que los funcionarios y legisladores de La Cámpora tomaron distancia del gobernador para no quemarse y el ajuste tuvo que ser postergado hasta marzo.

Río Negro, Mendoza y Córdoba: el ajuste es general

Pero Santa Cruz no fue la única provincia en atacar a los empleados públicos. El vicegobernador Weretilneck, pertenece al Frente Grande, ex aliados de la UCR con De La Rúa y ahora aliados del kirchnerismo. Tras el asesinato del peronista Soria (ex Duhaldista), al asumir el gobierno provincial confirmó que seguirá adelante con la aplicación de la ley -impuesta por Soria en los primeros días de su truncado gobierno- que puso en disponibilidad al total de la plantilla de agentes públicos, y en ese marco, resolvió el cese de los contratos de unos 4.500 trabajadores temporarios.

El ajuste también llegó a Córdoba, donde el gobernador José Manuel de la Sota anunció un plan de austeridad que prevé la revisión de los contratos de unos 9.300 trabajadores temporarios y declaró que "ya se evalúa la cesantía de unos 4.800 trabajadores cuyos contratos vencieron el 31 de diciembre". También le adelantó a los gremios estatales que no va a negociar aumentos salariales hasta tanto el gobierno nacional no defina la forma en que cancelará la deuda que mantiene con la provincia. Por su parte, el intendente de la ciudad de Córdoba, el radical Ramón Mestre desdobló el pago de los sueldos de los empleados públicos de diciembre y eliminó las horas extras del personal para todo el 2012.

En Mendoza, Francisco Pérez dijo que congelará salarios de los empleados públicos para reducir el déficit provincial de $ 2 mil millones.

El gobierno nacional también recorta

Antes de ir a la operación Cristinita, el 30 de diciembre, dejó encargados más recortes salariales. Mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU 324) ordenó revisar los salarios de 300 mil empleados estatales. El DNU establece que los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social deberán "adecuarse" a los requisitos que fije el Gobierno "para confirmar su procedencia y, en su caso, limitar su alcance", advirtiendo que "los regímenes, disposiciones y medidas cuya procedencia no se convalide quedarán sin efecto".

En los fundamentos del DNU se dice que el propósito de la medida es "reordenar" los "pagos extraordinarios" del personal público "no incluidos en su sueldo mensual, normal, regular, habitual y permanente asignado en función de su cargo y categoría de revista".

En síntesis, el gobierno quiere eliminar los beneficios salariales aprovechando que no están establecidos en los convenios colectivos o acordados en paritarias pero que son un derecho adquirido de los trabajadores.

Los dirigentes sindicales de la CGT (Piumato de judiciales) y de ATE, rechazaron estas decisiones del gobierno, pero hasta ahora no han hecho nada para impedirlas.

Queda entonces en manos de los activistas, delegados, comisiones y juntas internas, y de la oposición independiente de la burocracia de Micheli y de los burócratas kirchneristas, impulsar asambleas para preparar la lucha contra los despidos y el pase a planta de los contratados, en defensa del salario y las condiciones de trabajo de los trabajadores estatales.