Grietas en el frente kirchnerista

Moyano amenaza pasar a la oposición

Desde que llegaron al gobierno en el 2003, los Kirchner mantuvieron una alianza privilegiada con la burocracia sindical en general y en particular con Moyano, que había alcanzado la conducción de la CGT durante el gobierno provisional de Duhalde. Moyano llegó a secretario general de la CGT gracias al apoyo de las patronales que integraban el “grupo productivo” (una alianza entre la UIA-Duhalde y Alfonsín padre) como retribución por haber reclamado la devaluación de la moneda nacional que tuvo como consecuencia la rebaja del salario de los trabajadores a la mitad, y por haber logrado evitar que los trabajadores ocupados salieran a luchar contra esa monumental quita salarial. Gracias a los servicios prestados a las patronales y al gobierno de Duhalde, los Kirchner reconocieron podían contar con Moyano para controlar a la clase trabajadora. Y así fue hasta hace apenas un año, cuando Moyano empezó a reclamar que le dieran más espacios de poder político en el armado de las listas electorales. Para colmo Moyano expresó abiertamente su deseo de llagar a ser presidente. Ahí se pudrió todo. Una cosa es que las patronales mantenga a estos parásitos porque les garantizan el control de los trabajadores, y otra es que los dejen escalar tanto que pretendan gobernar, porque a pesar de las continuas demostraciones de sumisión (los burócratas sindicales le llaman “responsabilidad”) la patronal desconfía de que llegando al gobierno los burócratas le cobren muy caro los servicios prestados.

Ni al finado Néstor ni a Cristina tampoco le gustó nada la pretensión de Moyano de que hubiera un próximo presidente “trabajador” lanzada delante de ellos en pleno acto en la cancha de River. Ahí las cosas empezaron a cambiar y luego de la muerte de Kirchner, Cristina puso la relación con Moyano en el congelador.

Mientras Moyano accedía a puestos importantes en la conducción del PJ, y desde allí reclamaba una participación importante en las listas electorales, Cristina -favorecida por las encuestas- armaba esas listas de candidatos dejando a los aliados de Moyano fuera de juego. Apenas cinco días después de que Cristina reasumió su segundo mandato, Moyano hizo público el conflicto que lo separa cada vez más del gobierno.

Si fuera por Cristina, ya lo habría bajado de la conducción de la CGT. El primer elegido para reemplazar a Moyano fue el dirigente de la UOCRA Gerardo Martínez. Pero cuando tomo difusión que Martínez había trabajado para los servicios de inteligencia del ejército durante la dictadura militar, Cristina tuvo que buscar otro candidato (se habla de Pignanelli dirigente del Smata, o del metalúrgico Caló), aunque sigue manteniendo una estrecha relación con ese burócrata alcahuete de los milicos.

A pesar de las mutuas amenazas, y los forcejeos verbales, todavía la sangre no llegó al río, y no se puede descartar un acuerdo. Desde todos los sectores de la patronal han llamado a la calma y a restablecer las relaciones. Pero mientras esto no se alcanza, tanto el gobierno como el moyanismo tratan de acumular fuerzas por las dudas que tengan que llegar a enfrentarse.

Moyano recibió el apoyo del “Momo” Venegas y de Luis Barrionuevo. Teje relaciones con la CTA de Micheli en vistas de alguna unidad de acción, con el movimiento Libres del Sur y por su intermedio con Binner.

Cristina tiene al apoyo de las patronales, mantiene apoyo popular, y pretende fortalecer dentro del Frente para la Victoria a la agrupación juvenil La Cámpora, dirigida por su hijo Máximo, la que se ha beneficiado con una cantidad importante de puestos en el aparato estatal. En el plano sindical tiene el apoyo de los dirigentes que están enfrentados a Moyano, como los “gordos” y los “independientes”, que fueron los principales sostenedores del gobierno de Menem.

Los trabajadores no podemos confiar en un burócrata como Moyano, que se enriqueció y se hizo fuerte vendiendo su apoyo a los gobiernos patronales de Duhalde y Kirchner, mientras el 40% de los trabajadores trabajan en negro y con un sueldo promedio de entre $2.000 y $3.000. Sin embargo, si por las disputas de intereses entre este sector de la burocracia sindical y el gobierno propatronal kirchnerista que ya empezó a atacar directamente a los trabajadores, Moyano decidiera impulsar medidas de lucha, los trabajadores deberíamos discutir en asambleas como aprovechamos esta situación para salir a la lucha por nuestras propias reivindicaciones.

Ley antiterrorista para todos

Esto es en realidad lo que más temen Cristina y las patronales, que las grietas que se abren por arriba permitan que se desarrolle la lucha de los trabajadores y sectores del pueblo. Es por eso que el gobierno impulsó la aprobación en el Parlamento de la ley antiterrorista. Esta ley va dirigida a reprimir a los activistas obreros y populares (en la actualidad son más de 5000 los procesados) elevando las penas por luchar.

Algunos críticos de esta ley en el seno del mismo gobierno, (el periodista de Página 12 Horacio Verbitsky y el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni) hacen incapié en que se trata de una reforma al Código Penal que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reclamó a nuestro país bajo amenaza de excluirlo del G-20, grupo de los 20 países más industrializados y emergentes. Presentan la actitud del gobierno como una capitulación innecesaria ante este organismo internacional, como una pérdida de soberanía. Estas opiniones dejan bastante mal ubicado al gobierno que dice que no se somete a los poderosos y habla de la defensa de la soberanía. Pero que el gobierno cedió a las presiones internacionales es solo una verdad parcial y hasta es usada como una excusa. Porque es una ley que le conviene al gobierno para reprimir las protestas obreras y populares que sabe que van a desarrollarse contra el ajuste y la mayor explotación.

En este sentido Cristina sigue la línea de Obama, que firmó la Acta de Autorización de Defensa Nacional (NDAA en inglés) aprobada en el Congreso, la cual faculta a las Fuerzas Armadas a encarcelar por tiempo indeterminado, sin cargos ni proceso y en prisiones militares, a todo estadounidense sospechosos de terrorista, y aunque viva en el extranjero.

Diversas organizaciones políticas, sociales, abogados y defensores de los derechos humanos expresaron gran preocupación ante la reciente aprobación de la Ley Antiterrorista. Los especialistas en derecho indican que la modificación que se introdujo en el Código Penal es inconstitucional y que su ambigüedad le permite al poder político y judicial criminalizar la protesta social al interpretarla como “actos con finalidad terrorista”.

La ley recientemente aprobada -que contó con el apoyo unánime de todo el bloque oficialista- es una profundización de la ley antiterrorista que ya había sido sancionada en 2007 bajo el gobierno de Néstor Kirchner.

La reforma central introducida en esta nueva etapa establece que las penas ya establecidas en el Código Penal se duplicarán cuando los delitos hayan sido cometidos “con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. La ambigüedad que rodea al concepto de terrorismo en el texto de la ley la transforma en un instrumento peligroso que permitiría a los jueces violar distintos derechos constitucionales.

Pero además una huelga o movilización contraria a la política del gobierno podría ser encuadrada en esta ley.

En este sentido hay que resaltar que Cristina viene preparando el terreno desde sus discursos, diciendo que en los gobiernos de Perón no había derecho de huelga y que la huelga está siendo utilizada como un método de extorsión, en directa referencia a los petroleros y docentes de Santa Cruz. Por la huelga de los petroleros todavía está preso el delegado de Las Heras Víctor Oñate. Con similares argumentos, diciendo que la huelga era un boicot al gobierno, puso bajo la órbita de la Fuerza Aérea a los controladores de Aerolíneas Argentinas, y reclamó el quite de la personería al sindicato del personal técnico aeronáutico (Apta).

Un ejemplo cercano de cómo se aplica la ley antiterrorista puede verse en Chile, en donde el Presidente Piñera (el pinochetista “amigo” de Cristina) considera un movimiento terrorista a las comunidades mapuches que luchan por defender su territorio originario en el sur del país, de la voracidad de las corporaciones forestales.

De esta manera el gobierno kirchnerista ajusta sus instrumentos de represión para garantizar que las patronales, tanto las nacionales como las imperialistas, manténganlos mayores niveles de ganancias posible, a costa de despidos y recortes de salarios de los trabajadores, en el marco de la profunda crisis por la que atraviesa todo el sistema capitalista mundial.

La comisión por la libertad y desprocesamiento de los delegados y activistas surgida de las reuniones en el Hotel Bauen, impulsada inicialmente por delegados de base de la línea 60, la junta interna del Hospital Garrahan, delegados ferroviarios del Sarmiento, y a la cual se incorporaron otros delegados ferroviarios, de subtes, Frigorífico Rioplatense, Pepsico, Paty, FATE, SITRAIC, Ecotrans, telefónicos, Teatro Colón, ATE, SUTEBA, AGD-UBA, Fábrica Brukman, INDEC, Banco Provincia, entre otros, es un punto de partida para constituir una Coordinadora obrera contra la represión y el ajuste.

Este reagrupamiento de los sectores obreros que han protagonizado importantes luchas en estos años, ha realizado importantes movilizaciones: por la libertad del “Pollo” Sobrero, contra la criminalización de la protesta social y ha dado su apoyo efectivo a distintas luchas, como la de los trabajadores de la 60, entre otras. Se dispone a enviar durante el mes de febrero, una importante delegación hacia Santa Cruz, al Congreso Provincial convocado por el sindicato docente ADOSAC y otros gremios estatales, para llevar su solidaridad a uno de los sectores de la clase obrera mas perseguido del país y visitar en la cárcel al delegado de base petrolero Víctor Oñate. Sin embargo, el objetivo planteado va más allá de esta solidaridad de clase elemental. La moción que se llevara a los trabajadores santacruceños será la de sumarse a la convocatoria de un Encuentro Nacional de delegados de base para el mes de marzo, para constituir lo antes posible dicha Coordinadora obrera y popular contra la represión y el ajuste. Esta unidad es indispensable porque no se trata de un ajuste en una provincia u otra sino de un ataque generalizado del gobierno y los capitalistas, el cual debe ser enfrentado de igual forma. Por eso, en el mismo sentido tambien esta planteada la participación, en la provincia de Neuquén, de una reunión de similares características.

La cuestión de la convocatoria a un Encuentro Nacional de delegados de base que constituya una Coordinadora Obrera de alcance nacional, es decir, del impulso a la unidad de la clase obrera, es la principal batalla política planteada. Los trabajadores conscientes debemos desarrollar en todos los ámbitos (político, sindical, etc) este planteo. Luchemos por conquistar la adhesión cada vez más amplia de Comisiones Internas, Cuerpos de Delegados, agrupaciones obreras, partidos obreros a esta política.

14/1/2012

Sección: Movimiento_obrero