Contra la política de entrega del gobierno K

Malvinas, Minería e YPF

Además de los aumentos de tarifas y el desarrollo de la discusión salarial, temas que los trabajadores seguimos con mucha atención, en las últimas semanas hay una gran discusión en torno a tres cuestiones: Malvinas, la megaminería a cielo abierto y el petróleo (sobre todo por las acusaciones contra Repsol-YPF a quien el gobierno señala como responsable por la falta de combustibles). El punto en común de todos estos temas es que muestran las relaciones del gobierno de Cristina F de Kirchner con España, Inglaterra y otras potencias como EEUU, es decir, desnudan la subordinación del gobierno al imperialismo.

Actualmente Malvinas es una posesión colonial de enorme importancia geopolítica para Inglaterra (ya que alberga su principal base militar del hemisferio sur) y, desde 2010, ha adquirido cada vez mayor una importancia económica a partir de que empresas británicas y norteamericanas comenzaron la explotación petrolera. Los accionistas de empresas como Rockhopper, Desire Petroleum y otras que operan en las Islas, son el HSBC, la banca Morgan y Barclays, entre otras.

Durante diciembre de 2011, “la petrolera británica Rockhopper Exploration dio a conocer un nuevo descubrimiento de crudo en la cuenca norte de las Malvinas (las que) elevan la estimación de las reservas en esa zona a un total de mil 297 millones de barriles de crudo”. (“Tensión en Malvinas: en el fondo, petróleo” (El Diario.com, México, 13/2/2012). “Anadarko, con sede en Houston, invertirá al menos mil 554 millones de dólares en Rockhopper para la extracción de al menos 700 millones de barriles de crudo de los yacimientos del norte de las Malvinas (…) es hasta el momento la petrolera más grande interesada en las Malvinas” (Idem). Esta explotación petrolera, según un informe citado por el diario La Nación, podría generar ingresos por 167.000 millones de dólares en los próximos 20 años.

El gobierno argentino, trató de montar una “puesta en escena” por Malvinas para encubrir la entrega de la minería y la represión a los pueblos de Famatina, y Andalgalá, para eso prohibió el desembarco en puertos argentinos de barcos con la bandera de las Faklands. Es decir, una medida “simbólica” sin ningún efecto real, que ni siquiera afecta el desarrollo de la explotación petrolera en Malvinas, ni tampoco los intereses del imperialismo ingles en la Argentina continental.

La orientación política del gobierno nacional para enfrentar el despojo colonial, que consiste en “sentar” a Inglaterra en una mesa de negociación por Malvinas en el marco de la ONU es una vía muerta y un engaño al pueblo trabajador encubierto con palabrerío “nacional y popular”. Y la demostración de que el gobierno no tiene ninguna intención de pelear seriamente por recuperar las Malvinas fue que reprimió duramente a los ex soldados. ¿Alguien puede creer que es posible obligar al imperialismo inglés -que sostiene la ocupación en base a su poderío militar nuclear-, a negociar siquiera un milímetro de tierra por la vía de “denuncias” o gestiones diplomáticas? Es una política impotente de parte del kirchnerismo y de todos los partidos de la oposición patronal (la UCR, el FAP de Binner, etc.) que le dieron su apoyo entusiasta.

El movimiento Proyecto Sur ha calificado estas medidas como “inconducentes y cosméticas” (infosur, febrero) y le reclama al gobierno nacional la puesta en vigencia de la Ley 26659 que prohíbe, a toda empresa nacional o extranjera que opera en el territorio nacional, participar de actividades hidrocarburíferas en el área de Malvinas, planteando la estatización de las empresas petroleras que violen esta ley. Esta sería una medida elemental de “defensa nacional”. Pero sólo tendría un contenido consecuentemente antiimperialista como un primer paso en la lucha por la expulsión de los ingleses de Malvinas y no si se pretende que sea una forma de presionar para que Inglaterra acepte alguna negociación.

Mineras e YPF

La importante lucha popular en las provincias del noroeste contra la instalación de megamineras que operan “a cielo abierto” ha puesto al descubierto dos cuestiones centrales. Por un lado el envenenamiento masivo de las poblaciones cercanas producto de la contaminación del agua y el aire. Lo mismo con relación al conjunto del medioambiente (ríos, acuíferos, hábitat de especies, mortalidad de estas, etc). Por otra parte, la extranjerización de miles de hectáreas de tierras y la entrega de recursos naturales no renovables a los capitales imperialistas. “Los números de Minera Alumbrera ayudan explicar parte del descontento social que atraviesa a esta localidad del oeste catamarqueño. Con exportaciones de cobre, oro, plata y molibdeno por 43.848 millones de pesos hasta 2010, la mina apenas emplea directamente a unos 100 vecinos de Andalgalá, que provee una ínfima parte de los productos que la mina consume.” “En 2010, esa tarea le permitió exportar mineral por 1590 millones de dólares o 6390 millones de pesos: en un sólo año facturó más de lo que invirtió para iniciar la producción de la mina (1300 millones de dólares). Entre 1999 y 2010, la facturación declarada por la empresa acumuló 10.962 millones de dólares, casi diez veces la inversión inicial.” “En 2010, los 1400 empleados directos cobraron salarios por casi 160 millones de pesos. La fórmula kirchnerista del "fifty-fifty" no opera en Catamarca: los sueldos representan el 2,5% de los $ 6390 millones que exportó la compañía. Desde el inicio de las operaciones se pagaron salarios por 746 millones: el 1,7% de los $ 43.848 millones facturados.” (La Nación 19/02/2012). Sobre los impuestos (regalías por la explotación minera): “el ínfimo porcentaje del 3 por ciento que la provincia está autorizada a cobrar, se calcula sobre las declaraciones juradas que las propias empresas efectúan. (…) también se estableció que el valor declarado será establecido al descontar los costos de producción, entre los cuales se incluye transporte, flete y seguros, molienda, comercialización, gastos administrativos, fundición y refinanciación, gastos respecto de los cuales el Estado no realiza control alguno.

En definitiva, el 3 por ciento que la provincia está autorizada a cobrar no se calcula sobre el valor de facturación total sino que debe deducirse este conjunto de costos operativos, de manera que las regalías que termina cobrando la provincia rondan ridículamente el 1 ó el 2 por ciento.” (Los números de la Megaminería, Agencia Periodística de América del Sur, 23/7/2011). Queda claro que estamos ante un verdadero saqueo del país.

Con su enorme poder económico, estas empresas han pasado a controlar de forma directa municipios y provincias. ¡En Catamarca, San Juan y otras provincias gobiernan las mineras! Corpacci (gobernadora kirchnerista de Catamarca), Beder Herrera (La Rioja), funcionarios, policía, burocracia sindical, todos son agentes a sueldo de las mineras. Por eso salieron en su defensa, con piquetes en las entradas de los pueblos para frenar a los periodistas, con una dura represión en las rutas, etc.

YPF es otra muestra del saqueo del país, esta vez por parte de la española Repsol. Entre 2008 y 2011 han girado a su casa matriz 18.628 millones de pesos, a la vez que realizan una bajísima inversión cuyas consecuencias han sido un retroceso de las reservas de hidrocarburos y una baja de la producción. Esto ha causado que el país deba pasar del autoabastecimiento de combustibles a tener que importarlos.

En 2011, la importación de combustibles creció 110%, hasta llegar a los 9397 millones de dólares. El petróleo es importado a precios internacionales y vendido a precios subsidiados que paga el gobierno. Y como el gobierno ha comenzado una política de eliminación de subsidios reclama a Repsol-YPF mayor producción e inversión. A su vez, los españoles chantajean para llevar los precios internos de los combustibles a los valores internacionales de mercado, es decir presionan por un aumento de precios como condición para aumentar la inversión.

La suba del precio del petróleo, que es un insumo esencial, no sólo para el transporte sino también para todas las industrias, afecta al conjunto de la patronal por el aumento de los costos. El gobierno nacional entonces se coloca defendiendo los intereses del conjunto de la patronal afectados por Repsol-YPF.

Sectores del kirchnerismo salieron a agitar el fantasma de la “renacionalización de YPF”, probablemente con la luz verde de un sector del gobierno nacional. Pero el objetivo no es la nacionalización de la empresa sino “aflojarle la mano” a Repsol para que aumente la inversión.

Los Kirchner han tejido una relación privilegiada con las petroleras y con Repsol en particular desde el apoyo a la privatización cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz en los 90 y aliado del menemismo. En los últimos años, ante la caída de inversiones el gobierno anunció la “argentinización” de la empresa, que era en realidad colocar al grupo Petersen -del empresario argentino Eskenazi-, como socio menor de la privatizada, quién se hizo del 25%. Pero como el único color que defienden los capitalistas, extranjeros o nacionales es el “verde dólar”, con Eskenazi continuó el mismo proceso de vaciamiento. Ahora en el nuevo marco de ajuste, el gobierno está obligado a buscar un equilibrio que sin cuestionar las ganancias de la Repsol ni la privatización en si, le permita disminuir el déficit energético.

Una posición clasista

La respuesta a las recientes luchas populares fue la represión abierta (en Famatina, Adalgalá, a los ex soldados, etc), mientras gobierno y oposición patronal firman juntos declaraciones de “soberanía”. Es decir cacareo “nacional” de palabra y política pro imperialista en los hechos.

La realidad pone de relieve una cuestión de fondo: Ni el kirchnerismo ni ningún sector de la oposición patronal es capaz de encarnar una política (y en consecuencia una lucha) que se oponga en alguna cuestión vital a los intereses imperialistas. Y no pueden hacerlo porque ni los Eskenazi, ni los Ledesma, ni los Roggio, es decir la “burguesía nacional”, la clase social a la cuál representan el gobierno y algunos de los sectores de la oposición, puede desarrollar ese rol histórico progresivo. El propio desarrollo histórico nacional, ha determinado desde el principio la subordinación de la burguesía nacional al imperialismo, con quién comparte una porción como socio menor, el producto de la explotación de la clase obrera.

En consecuencia, la conquista de la verdadera independencia nacional, no formal sino de contenido (de esto se trata toda esta discusión), es una tarea que sólo puede realizar la clase obrera.

Apoyamos todas las demandas planteadas por la lucha popular, tanto contra la megaminería, como las reivindicaciones de los ex soldados y ex combatientes.

Luchamos por la estatización sin pago y bajo control obrero de Repsol-YPF y de la industria minera, con un plan de explotación minero discutido democráticamente por las organizaciones obreras y populares, que no contamine el medio ambiente. Por la expropiación de todas las industrias inglesas que están en territorio nacional y el no pago de la deuda externa.

La realización íntegra y efectiva de este conjunto de reivindicaciones solo podrá llevarse a cabo si los trabajadores conquistamos el poder del Estado e instauramos nuestro propio gobierno.