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Anónimo
Plan de ajuste en marcha
El plan de ajuste lanzado por el gobierno kirchnerista afecta a la clase obrera y el pueblo principalmente alrededor de tres medidas. En primer lugar, por el despido de trabajadores estatales. En varias provincias como Río Negro, Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba, a “cuenta gotas” como en Neuquén, etc la ofensiva ha comenzado por los contratados, pero los “pases a disponibilidad” (como en Rio Negro) que abarcan a toda la planta, preanuncia nuevos recortes, que se complementan con otras medidas como la rebaja salarial directa (de adicionales) e intentos de modificación de la edad jubilatoria (como el que la legislatura provincial intentó aprobar en Santa Cruz).
Ya en 2011 las provincias cerraron con un “rojo” financiero del 0,7 del PBI (unos 40 mil millones de pesos) y en 2012, “bajo estos lineamientos se llegaría a un rojo financiero cercano al 1% el PBI” (Analítica, La cuenta provincial, 10/02/2012), lo cual refuerza esta tendencia.
En segundo lugar el ajuste ha dado curso al aumento de tarifas de los transportes, servicios esenciales como luz, gas, agua, etc e impuestos. Tanto el kirchnerismo como la oposición patronal, van aplicando gradualmente los aumentos buscando evitar el “costo político” de su aplicación. Pero el aumento del transporte ya es generalizado: En Capital Macri aumentó los subtes un 127% (un 30% de usuarios, ya no puede pagarlo y se ha volcado al colectivo mientras no aumente). En Salta (gobernada por el FPV), Mar del Plata (aliados del kirchnerismo), Córdoba capital (UCR), en Santa Fe (FAP) también hubieron aumentos en las últimas semanas o meses; en Neuquén capital (Ciudad que nuclea al 50% de la población de la provincia) el flamante intendente H. Quiroga (Ex cobista) impulsa con el acuerdo del Concejo Deliberante (Kirchneristas, Duhaldistas, Sapagistas, radicales, etc.) un aumento del colectivo que lleva el boleto mínimo de 2,41 a 3,95 $.
Por último está la cuestión salarial. Los topes salariales que pretende aplicar el gobierno nacional alrededor del 18% son menores a la inflación que ronda el 30% de la canasta básica, es decir, quiere imponer en las paritarias una importante caída del salario real. Pero en el caso de la paritaria docente asistimos a una profundización aún mayor de la política de ajuste salarial que es el “cierre” de las paritarias sin un acuerdo marco a nivel nacional para las negociaciones por provincia. ¿Será este el “modelo” para el conjunto de la negociación paritaria que se ha iniciado, si la patronal y los sindicatos no llegan a un acuerdo?
El inicio del plan de ajuste es la muestra en la práctica de que la Argentina no está despegada de la crisis económica internacional. No lo estuvo antes ni lo esta ahora. Pero si en la crisis de 2008-2009 la política económica del gobierno (cuando contaba con reservas de libre disponibilidad y la “caja” de la ANSES) mantenía el aumento del gasto público (simplemente para “patear” hacia delante la crisis), actualmente se empuja en el sentido recesivo. La anunciada modificación de la Carta Orgánica del Banco Central que amplía el uso de las reservas monetarias tiene como objetivo principal seguir pagando la deuda externa.
El Kirchnerismo al descubierto
La catástrofe ferroviaria ocurrida en Once (51 muertos y 703 heridos) puso al descubierto como la patronal, en este caso del Grupo Cirigliano, beneficiada por las privatizaciones y ahora por los subsidios otorgados por el gobierno nacional, amasó ganancias millonarias a costa de no realizar las inversiones necesarias en mantenimiento, lo cuál costó la vida de decenas de trabajadores.
En medio de la tragedia, lo único que preocupaba al gobierno era despegarse a toda costa de su responsabilidad por lo sucedido, algo que intento burdamente por medio del secretario de transporte Schiavi (quién tuvo que renunciar) y la ministra Garré, cuyas declaraciones causaron una ola de indignación popular.
Pero además de la patronal y el gobierno hay un tercer actor responsable de este crimen: la burocracia sindical ferroviaria, parte fundamental del negociado de los subsidios, que reciben porque los propios dirigentes sindicales son los “patrones” de las empresas tercerizadas. Ni el crimen político de Mariano Ferreyra ni la actual catástrofe ferroviaria han desactivado este entramado (Antonio Luna, hombre de la Fraternidad, es subsecretario de transporte ferroviario). Contra todos ellos debe ir dirigido el reclamo de juicio y castigo a los responsables de la tragedia ferroviaria, que es la demanda de los familiares.
Señalamos que ha comenzado un operativo de encubrimiento cuyo objetivo es apartar al gobierno nacional de la causa y sostener al grupo Cirigliano. El juez kirchnerista Bonadío, ha aceptado al Estado como querellante en la causa (donde hay un solo imputado que es el maquinista de la formación) y se ha desarrollo una intervención estatal al ferrocarril sin el retiro de la concesión a TBA.
Demás esta decir que un cambio de ministro o concesionario (para descomprimir la situación) no va a solucionar los problemas del transporte. Estas cuestiones elementales exceden el marco de un estado capitalista semicolonial. La solución de fondo sería el control democrático de los trabajadores y usuarios de todos los medios de transporte estatizados, con inversiones suficientes para ponerlos en buenas condiciones y que sean un medio de transporte eficiente, seguro y accesible, una medida que requiere la instauración de otro régimen social y político, un gobierno de los trabajadores.
Pero la tragedia de Once estuvo precedida de otros acontecimientos que también sacudieron la situación política y desnudaron, en este caso, la política de subordinación al imperialismo tanto del gobierno como de la oposición patronal. Nos referimos a la discusión por Malvinas, la cuestión de la megaminería e YPF. El gobierno intento hacer una “puesta en escena” con respecto a Malvinas (impedir el desembarco de buques con las banderas de la Falklands aunque puedan hacerlo los de bandera inglesa) en señal de protesta por el avance de la explotación petrolera en las Islas, pero básicamente para encubrir con cacareo “anti–imperialista” la cerrada defensa de la minería a cielo abierto practicada por empresas imperialistas en las provincias del noroeste argentino (donde literalmente gobiernan estos consorcios) y el saqueo de los recursos naturales y vaciamiento llevado adelante por Repsol-YPF, cuyo lobby, estuvo reunido con la presidenta horas antes del discurso de inicio de las sesiones parlamentarias, buscando un acuerdo que sin cuestionar la privatización en sí, permita un aumento en las inversiones.
La cuestión de Malvinas fue tratada como un “asunto de Estado” también por toda la oposición patronal, es decir, que apoyaron la política kirchnerista y firmaron una declaración de “soberanía” mientras el gobierno defendía los intereses Anglo imperialistas mediante una represión abierta a los pobladores afectados por la explotación minera. Queda planteada entonces una cuestión de fondo: la lucha contra la entrega y el saqueo del país no puede venir de la mano del kirchnerismo, ni de los sectores de la oposición patronal representantes de la “burguesía nacional”, sino que es una tarea de la clase obrera.
Ante estos hechos muchos compañeros que creyeron que el kirchnerismo era un gobierno “nacional y popular” que esta con los trabajadores y en contra de las “corporaciones” ven ahora atónitos cómo el gobierno con Cristina a la cabeza intenta despegarse de la tragedia de Once, defiende a las mineras y a la Repsol y además como se vota la ley antiterrorista, que es utilizada contra los trabajadores , como se les abren causas judiciales y van presos delegados antiburocráticos y activistas obreros y populares, como la Gendarmería espía a los delegados, activistas y militantes de partidos obreros o como ataca a los maestros que piden aumento. Este conjunto de hechos desgastan al gobierno. Pero debemos ir al fondo de las conclusiones. Ningún gobierno ni partido capitalista jamás estará del lado de los trabajadores porque poseen intereses irreconciliables con los nuestros. Los trabajadores necesitamos nuestro propio partido de trabajadores revolucionarios.
CGT y CTA
El kirchnerismo ha intentado utilizar la contundencia de los resultados de las elecciones de octubre pasado para disputar mayores espacios de poder en el aparato de Estado. Sobre esta base se reforzó de manera significativa el poder político de Cristina, y de inmediato comenzó una ofensiva contra sus aliados de la fracción política gobernante que se postulan para disputarle ese poder: Scioli y Moyano. Mientras la pelea por la provincia de Bs. As. se desarrolla bajo la forma de una “sorda” disputa política; con el moyanismo se abrió una “batalla sin cuartel” cuyo objetivo es desplazar al camionero de la dirección de la CGT. Moyano pretendió cobrar demasiado caro sus servicios, es decir, intentó ocupar un espacio político mayor al que tiene reservado la burocracia sindical y coqueteó hasta con idea de llegar a ser presidente.
La disputa entre Moyano y el gobierno se traslado al seno de la CGT dentro de la cual se provocaron realineamientos y modificaciones en las relaciones de fuerza entre las distintas alas de la burocracia sindical. El gobierno reforzó su vinculo con “los independientes” (UOM, SMATA, UOCRA) a quienes postula para “conducir” y simultáneamente se produjo cierto quiebre en el moyanismo con las críticas públicas que recibió Moyano de varios de sus aliados, como Viviani o Plaini por el amague de adherir a la movilización de la CTA contra la Ley Antiterrorista.
Con el envío del Juez Oyarbide de las causas por lavado de dinero requeridas en Suiza (punta de lanza de otras causas como la de la adulteración de medicamentos oncológicos y enriquecimiento ilícito), parece que se ha roto la posibilidad de una negociación y que el kirchnerismo irá a fondo para desplazar a Moyano de la CGT.
Sin embargo, estamos ante un ala burocrática que conserva un gran poder de fuego, y que ha anunciado que va a utilizar todos los medios para defender sus privilegios.
Está claro que Moyano utiliza las reivindicaciones de los trabajadores para fortalecerse ante los embates del gobierno y en este marco no puede descartarse que apele a alguna movilización. Pero dados sus objetivos, sólo lo hará de forma ultralimitada y parcial. Los trabajadores no podemos confiar en la burocracia moyanista, pero sí debemos aprovechar cualquier grieta para desarrollar la lucha por nuestras reivindicaciones a partir de asambleas democráticas.
Con respecto a la CTA la situación no difiere demasiado. Una que otra movilización o paro aislado, sin preparación democrática de la lucha en la base. La política que defiende la dirección encabezada por Micheli (integrada también por el PCR y el MST) no está orientada por la necesidad de desplegar al máximo la movilización para derrotar el plan de ajuste que tiene en el centro a los trabajadores estatales (no ha habido ni siquiera una convocatoria a unificar la lucha de los estatales y los docentes a nivel nacional) sino que está armada para desarrollar una oposición patronal alrededor del Frente Amplio Progresista, en el cual militan varios de sus dirigentes (lo mismo que hicieron a finales de los 90 para apoyar el triunfo electoral de la Alianza).
Por un Frente Único Obrero
A pesar de esta orientación de la burocracia sindical, los principales partidos obreros que integran el Frente de Izquierda (PO, PTS, IS) centran su política en “exigir” un plan de lucha e incluso un paro general a Moyano y Micheli con llamados desde el aparato partidario, en vez de apoyarse en la corriente de Comisiones Internas, Cuerpos de delegados y sectores combativos del movimiento obrero (en las que tienen influencia), para unificar la mayor cantidad posible de sectores del movimiento obrero en la lucha contra el plan de ajuste y el gobierno.
Claramente la vanguardia obrera no debe “apostar” a un golpe de mano de la burocracia sindical sino impulsar un Frente Único Obrero que unifique a los trabajadores en la lucha contra el plan de ajuste, en apoyo a las luchas en curso como la de docentes y estatales, por la libertad y desprocesamiento de los luchadores obreros y populares, es decir, contra el gobierno y su política propatronal.
Llamamos entonces a todos los trabajadores clasistas a desarrollar al máximo la potencialidad de esta política en todas las instancias donde sea posible (al interior de los sindicatos, en las luchas provinciales, etc.) para sentar las bases de un Encuentro Nacional de delegados de base que unifique la lucha contra el ajuste gubernamental.
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