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Anónimo
Desde
fines de la década del 80 una interminable lista de crímenes vinculan al
aparato policial de la provincia de Río Negro con el poder político y económico, no solo de
la provincia, sino del país. Así, se suman al doble crimen de Río Colorado
(1989), dos triples crímenes de Cipolletti (1997 y 2002), que llevó a los
familiares a realizar denuncias en los organismos internacionales, "La denuncia abarca al ex presidente de la Nación, Carlos Menem;
al ex ministro del Interior, Carlos Corach; al gobernador de Río Negro Pablo
Verani; sus ministros del gobierno anterior, los jefes de Policía, los jueces que
intervinieron en esos casos y también a varios policías" aclaraba el
diario Clarín de noviembre de 2002.
Posteriormente tuvo repercusión nacional el crimen del joven Diego
Bonefoi (2010) en Bariloche, asesinado por la espalda por un policía, lo
que generó una pueblada de los barrios de la ciudad, durante la cual, la
policía asesinó a dos jóvenes más y detuvo y torturó a varios de ellos. En los
años intermedios, la lista sigue, sin solución de continuidad: crímenes de la
policía no esclarecidos en Viedma, en El Bolsón, en Sierra Grande, nuevamente
en Cipolletti; crímenes vinculados a los cárteles internacionales de la droga y
a la trata de personas.
Una
policía utilizada sistemáticamente por el gobierno para reprimir las
manifestaciones obreras, una policía que “llena el saco” realizando
“adicionales” en las temporadas de la fruta, “trabajando” para las empresas que
contratan en época de cosecha a los trabajadores temporarios. Realizando
verdaderas redadas amedrentadoras en gamelas y galpones donde se hacinan
decenas y centenares de obreros. Un obrero de Tartagal (Jorge M) declaraba,
refiriéndose al BORA (Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto): “entran a
las gamelas, rompen candados, entran a los tiros, nos pisan la cabeza,
diciendo: “a todos los vamos hacer cagar”, y “los del norte no son
bienvenidos”. Otro obrero, Hugo, referente de un grupo, relataba que cuando reclamó
porque “nunca nos dijeron cuánto nos iban a pagar” y “nos
plantamos y nos pusimos firmes ante la patronal” y les dijeron que en esas condiciones no
trabajaban más y que les pagaran para irse, a él lo dejaron para lo último,
entonces tras la orden del capataz “la policía me pegó entre cinco BORA en la
oficina” “me hicieron recagar, me agarraron del cogote, me hice el desmayado
para que no me pegaran más, lleno de sangre todo y mareado me subí al
colectivo”. El contrato que habitualmente utilizan los empresarios tiene una
clausula que les permite que: “si un
trabajador tiene un conflicto con la policía o la Justicia, sean o no
culpables, los echan y no tienen derecho a percibir ni los días trabajados ni
la indemnización por despido ni mucho menos el pasaje para volver”.
La impostura del gobierno I
Aquí
se rebela la impostura de la campaña nacional del Kirchnerismo contra el
trabajo “en negro”. El accionar de las patronales, el silencio de los
funcionarios del gobierno y la complicidad del sindicato UATRE, conforman el
trípode sobre el que se asienta esta infrahumana explotación. Las pocas
intervenciones realizadas por la Subsecretaría de Trabajo, dan cuenta de ello.
Señala por ejemplo: “200 obreros rurales en Chimpay fueron encontrados
hacinados en galpones, sin provisión de agua potable, galpones donde se
encontraban matrimonios compartiendo el mismo lugar con otros trabajadores, con
un baño para 20 ó 30 personas”. “Lo mismo ocurre en Godoy, otra localidad del
valle medio, donde 10 personas estaban en una habitación, con letrina como
baño, sin cocina (hacían sus comidas en fogones al aire libre) o en anafes
sobre tambores con agroquímicos, con agua de pozo”.
Daniel Solano
En
este contexto ocurre la desaparición el 5 de noviembre del 2011, del obrero rural
Daniel Solano, venido de Tartagal como otros miles de obreros, “conchabados” en
el norte argentino por “cooperativas” truchas que hacen su agosto con la súper
explotación de estos obreros y sus familias. Daniel Solano era uno de los más
de 8.000 trabajadores “golondrinas” es decir, contratados por temporada, “en
negro” sin derechos laborales (obra social, jubilación, etc.), que sumados a
otros 8.000 trabajadores rurales permanentes y otros 10.000 del empaque
realizan la cosecha en Río Negro.
Contratado
por Agrocosecha Argentina SRL, una “empresa” subcontratista de la multinacional
Belga Expofrut, uno de los tantos tentáculos que tienen los monopolios de la
fruta para súperexplotar a los trabajadores.
La “desaparición”.
Según
el relato de sus compañeros, Daniel de 27 años, en su segunda temporada de
cosecha, harto de las malas condiciones de trabajo y la falta de pago (les
adeudaban parte de la quincena) preparaba, junto a ellos iniciar una huelga a
partir del lunes 6 de noviembre del 2011.
Enterada la “empresa” le ofrece la “oportunidad” de transformarse en
puntero (buchón rompehuelgas) a cambio de beneficios económicos, cosa que él rechaza.
El
sábado 4 de noviembre pasó la noche junto a sus compañeros en la disco “Macuba”
de Choele Choel. Esa madrugada un buchón lo “entrega” a los policías que hacen
adicionales en el lugar (policías reconocidos por su tradicional vinculación a
la “empresa” Agrocosecha). En el exterior es brutalmente golpeado y trasladado
en una camioneta de la policía a la isla
92. En la isla es trasladado a un auto propiedad de un policía y a partir de
allí se pierde todo rastro. (Estas declaraciones fueron aportadas por una
pareja que, no sólo presenció la golpiza, sino que, en su moto siguieron a los
policías cuando llevaron a Daniel a la Isla). Los jóvenes fueron amenazados
cuando trataron de impedir que lo golpearan y en el momento de realizar la
denuncia fueron recibidos por los mismos policías.
El estado corrupto y represor al
servicio de las ganancias empresarias.
Posteriormente
la Jueza que interviene en el caso, Marissa Bosco, - reconocida por su
vinculación a casos de trata de persona descubiertos en Choele Choel cuando
desapareció Otoño Uriarte, - junto a la
policía armaron una verdadera campaña de ocultamiento de pruebas: Informaron a
los padres que Daniel estaba en Neuquén, desaparecieron la hoja de guardia
donde se deja constancia de los adicionales del boliche, dejaron lugares sin
rastrillar, omitieron llamar a testigos reclamados por el abogado de la
familia, Sergio Heredia.
“Una
verdadera mafia”, “una organización criminal”
tal como denunciaron el padre y el abogado de la familia Solano, no solo
por las condiciones de trabajo sino por la miseria que pagan y la red de
encubrimiento que han montado; “viendo el expediente me di cuenta que lo habían
asesinado, fue un plan perfectamente organizado por los dueños de la empresa”
ratificó el abogado.
El giro de la investigación
La
tenacidad de los padres instalados en una carpa desde hace meses, las marchas y
la campaña de denuncias de sus amigos y familiares en Tartagal le dieron al
hecho una notoriedad nacional, ejercieron una verdadera presión sobre el
gobierno que ofreció una recompensa de 200.000 pesos, y como no podía ser de otra manera surgió un
entregador desde las propias fuerzas policiales y el caso dio un vuelco. En
este momento, según el fiscal de la causa: “hay 22 policías imputados, aquí hay
complicidades y encubrimientos no sólo de policías, también de civiles”. “Agrocosecha Argentina SRL y todos sus
directivos y punteros están acusados de encubrimiento, trata de personas y
reducción a servidumbre, entre otros delitos”.
Fue
llamada gendarmería para detener y trasladar a 7 policías implicados
directamente entre los que se haya el autor material del crimen, lo que generó
un verdadero revuelo en la localidad. Los familiares de los detenidos y
otros policías se han movilizado,
amenazando que “tomarán medidas más drásticas” y “si nos tocan a uno nos tocan
a todos”, lo que desnuda la impunidad con la que cuentan.
El
gobernador Weretilneck a los efectos de evitar que se extienda la anarquía en
la fuerza policial, fuerza a la que sabe imprescindible para sus planes de
gobierno, se ha presentado en la carpa
que los familiares han montado frente al juzgado de Choele Choel, logrando en
principio el compromiso de los familiares de levantarla, lo que sería un paso a
favor del gobierno para restablecer la impunidad.
La impostura del gobierno II
Si
bien la carátula ha sido cambiada de “desaparición de persona” a “investigación
por homicidio”, lejos se está aún del esclarecimiento de este hecho, sobre todo
teniendo en cuenta los múltiples intereses que movilizarán a la justicia, al
poder político, a los empresarios y por supuesto al aparato represivo para
mantener la impunidad. Política
en la que está absolutamente comprometido el gobierno de CFK cuando
constantemente por cadena nacional ataca a los que luchan, a los que cortan
rutas, a los que reclaman; mientras rinde honores a la policía,
“victima” de esos luchadores, a la gendarmería
y señala a la actividad policial como una de esas “pocas profesiones en que la vocación está
tan unida al deber”; que se manifiesta defensora a ultranza del capitalismo y
festeja que los empresarios “la estén juntando con pala” y que “está bien que
así sea”, mientras que en su derredor nuevamente crece la desocupación y la
inflación se torna imparable. Que abre
las puertas de la casa de gobierno a lo más corrupto de la burocracia sindical,
señalándole a los trabajadores y a la juventud que: el camino es Cristina, con
los “gordos” y los milicos, en función de
preservar su “modelo”.
No debe pasar
El
crimen de Daniel Solano es la emergencia de una política, es un golpe contra el
conjunto de los trabajadores, es la tendencia más profunda a la que
intenta arrastrarnos el gobierno
kirchnerista: a someternos, a quebrar con la represión y el amedrentamiento a
los que reclamamos a los que nos organizamos. Por ello no lo debemos dejar
pasar. Las organizaciones obreras de conjunto debemos tomar esta lucha,
acompañar a los familiares, reclamar de las organizaciones sindicales un
rompimiento con la “mesa de transparencia” (*) del gobierno, por la derogación
de la Ley de disponibilidad, por la inmediata reincorporación de los
despedidos, por el pase a planta de todos los contratados, por el juicio y
castigo para todos los responsables del asesinato de Daniel Solano.
(*)
Acuerdo entre el gobierno, ATE y UPCN para “transparentar” los despidos.
(Las citas fueron extraídas de Clarín – Pagina 12 – Río Negro)
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